Almería, 11 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha trasladado a las organizaciones ecologistas, la Junta y la promotora Azata del Sol la documentación remitida por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que reclasifica como no urbanizable el paraje de El Algarrobico y les ha concedido diez días para formular alegaciones.
En una diligencia de ordenación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada acuerda unir a los autos el oficio y la documentación entregados por el Consistorio, entre los que figuran decretos de alcaldía, informes técnicos y jurídicos, propuestas de resolución y el acuerdo plenario de 31 de julio en el que se aprobó la modificación parcial del PGOU.
El tribunal recuerda que este trámite se enmarca en la pieza de ejecución abierta en 2021 para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó un fallo anterior del TSJA y ordenó dejar sin efecto la clasificación urbanística que permitía la construcción del hotel promovido por Azata del Sol en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
La resolución judicial obliga a reclasificar los sectores urbanísticos ST-1 y ST-2, que incluyen el paraje donde se levanta el inmueble, como suelos no urbanizables de especial protección. El TSJA había requerido al Ayuntamiento de Carboneras que procediera de forma inmediata a depositar y publicar el documento técnico corregido, condición necesaria para cerrar definitivamente la ejecución del fallo.
El acuerdo plenario aprobado el 31 de julio contempla la inscripción de la modificación urbanística en los registros correspondientes y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, además de la remisión formal tanto al TSJA como a la Junta de Andalucía.
Durante la sesión plenaria, celebrada con notables diferencias entre los grupos, el expediente salió adelante con los votos del alcalde, Salvador Hernández (Cs), de los concejales del PP y de un edil no adscrito. La oposición socialista calificó el procedimiento de “simulación de cumplimiento” y denunció anomalías en la tramitación, mientras que el regidor defendió la legalidad del proceso y subrayó que la Sala había requerido expresamente que la modificación pasara por el Pleno.
El Ayuntamiento ha señalado en sus comunicaciones al tribunal que la aprobación corresponde al Pleno municipal al haber sido este el órgano que en 2009 adoptó el acuerdo original del PGOU ahora rectificado.
En un oficio remitido el 24 de julio, el Consistorio informó de que se habían dado instrucciones al Área de Urbanismo para crear el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, paso previo al depósito en el registro autonómico y a la publicación oficial, de acuerdo con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
La diligencia de ordenación dictada ahora por el TSJA, abre un plazo de diez días para que las entidades ejecutantes —Greenpeace, Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y Levante Almeriense, la Junta de Andalucía y la promotora Azata— puedan formular alegaciones sobre la documentación aportada. Contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.
El trámite procesal llega tras varios meses de advertencias y de peticiones de medidas coercitivas. Greenpeace había solicitado en julio que se impusieran multas al Ayuntamiento por no cumplir los plazos fijados para publicar la normativa corregida en el Boletín Oficial de la Provincia.
También cuestionó que el Consistorio llevara al Pleno la incoación de la revisión de la licencia de obras de 2003, cuando, a su juicio, bastaba un decreto de Alcaldía.
