Buenos Aires, 21 ago (EFE).- La Justicia argentina comenzó a investigar «posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control» del Gobierno de Javier Milei en la causa del fentanilo contaminado, por lo que resolvió revocar el rol de parte querellante del Ministerio de Salud de la Nación.
«La información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional», expresó el juez Ernesto Kreplak en un fallo al que accedió EFE este jueves.
Por tales razones, el magistrado resolvió que «habrá de revocarse el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación», a cargo de Mario Lugones.
El fentanilo contaminado con dos bacterias multiresistentes, al que se le atribuyen al menos 87 muertes en distintos hospitales de Argentina, fue producido por las firmas Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, ambas propiedad de Ariel García Furfaro, detenido la noche del miércoles por la Justicia.
También fueron detenidos sus hermanos, Diego y Damián García Furfaro, quienes comparten el control operativo de las compañías, y su madre, Nilda Furfaro, accionista y actual vicepresidenta de HLB, así como directivos y técnicos de los laboratorios.
Las empresas apuntadas registran un amplio historial de denuncias de irregularidades técnicas y administrativas, que al momento de la inhibición de sus actividades productivas se elevaba a 273 expedientes abiertos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ente regulador dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
La Fiscalía que investiga el caso dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que analizó los expedientes y dictaminó impulsar la acción penal para analizar la actuación del organismo regulador.
El ministro de Salud se refirió al tema por primera vez el pasado viernes, cuatro meses después de los primeros casos reportados. En una entrevista con el canal TN, habló de «mala praxis» y «negligencia» por parte del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que funciona bajo la órbita de la AnmatT.
El miércoles por la noche, el Gobierno separó de su cargo a la titular del Iname, Gabriela Mantecón Fumadó, designada en su rol durante el Gobierno anterior, aunque mantuvo en funciones a Agustina Bisio, directora de la Anmat, quien asumió su rol durante la gestión actual.
La causa se inició el 12 de mayo pasado, después de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.
El fentanilo, un potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).
Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.
