Sevilla, 10 abr (EFE).- El juzgado de Sevilla que investiga pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar, de la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, ha prorrogado seis meses el plazo de instrucción, a la espera de concretar el daño que las extracciones de agua pudieron causar en el medio ambiente.
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía pidiera precisamente esa prórroga y, además, que se citara a nuevos investigados de la sociedad que lleva estos terrenos, miembros del Consejo de Administración de Eurotécnica Agraria SA, en el que están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo, según recoge la web Registradores de España.
En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves y contra el que cabe recurso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor amplía en concreto la instrucción hasta el próximo 8 de septiembre.
El juez recuerda que, en el presente caso, se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que informe de varios aspectos que cree “fundamentales” para “concretar el daño, ya potencial ya consumado, que esas extracciones no autorizadas administrativamente habrían causado”, elemento fundamental del delito investigado.
También señala que, mientras no se reciba ese informe técnico por el organismo “más capacitado y competente” para concretar dicho daño, no se van acordar por el momento las diligencias pedidas por la Fiscalía.
El Ministerio Público pidió que declaren como investigados la persona jurídica Eurotécnica Agraria SA y los diferentes miembros del Consejo de Administración de la referida entidad mercantil encargada de gestionar la finca.
El juez recuerda que, en el informe pedido de oficio por el instructor, ya se solicitaba a la Confederación que informara de posibles expedientes sancionadores a los responsables de la finca.
‘Extracción sistemática de carácter industrial’
De acuerdo al último escrito presentado por la Fiscalía ante el juzgado, en este caso se investiga una posible “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua en una superficie “muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”, tal y como se refleja en las actuaciones.
En el escrito fiscal dirigido al juzgado, al que tuvo acceso EFE, la fiscal ya trasladó su petición al considerar que concurrían “indicios suficientes” para continuar la instrucción del procedimiento por hechos que serían “cuanto menos” constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.
En este caso declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien aseguró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.
