Juzgado dominicano aplaza vista contra dueño de discoteca siniestrada que dejó 236 muertos

El empresario Antonio Espaillat (i), propietario de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, es trasladado a la audiencia en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, este domingo en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 15 jun (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana aplazó hasta el próximo miércoles la vista para conocer la medida cautelar en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este domingo aplazar la audiencia, casi una hora después de haber comenzado, para permitir a la defensa del empresario y de su hermana, Maribel Espaillat, también imputada, revisar los documentos que depositó el sábado el Ministerio Público en contra de ambos, dijo a la prensa el abogado defensor, Miguel Valerio.

El empresario, para quien el Ministerio Público pide prisión preventiva, fue trasladado esposado, con un casco y un chaleco antibalas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a la sala de audiencia desde la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde también se ubica el citado tribunal.

Unos minutos antes, también fuertemente custodiada, ingresó a la sala Maribel Espaillat, y quien, al igual que Antonio, está detenida desde el pasado jueves, aunque desde el día siguiente se encuentra ingresada en una clínica, a la que fue enviada tras finalizar la audiencia de este domingo, que se celebró a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.

 

Negligencia e irresponsabilidad

A la sala acudieron varios de los heridos en la tragedia, así como sus abogados y de los familiares de algunos de los fallecidos, quienes reclamaron justicia, a la vez que acusaban a los hermanos Espaillat de actuar de manera irresponsable ante los daños que presentaba la discoteca Jet Set, muy popular entre la clase media del país.

Los hechos ocurridos la madrugada del 8 de abril pasado en el centro de diversión «han generado un duelo colectivo» producto «del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que fueron negligentes e irresponsables, una muestra absoluta del desprecio a la vida humana», declaró a la prensa el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho.

Según la investigación del Ministerio Público, para la que contrató tres peritos, «durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

Los hermanos Espaillat «permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o la Alcaldía del Distrito Nacional, señaló la información oficial.

Los imputados «apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre  tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo».

Incluso Maribel Espaillat, «con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano», quien estaba en el extranjero.

Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento del Ministerio Público.

También se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

El Ministerio Público ha interrogado a uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro. EFE

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