Almería, 6 oct (EFE).- La Audiencia de Almería juzgará desde este lunes a 19 acusados de pertenecer a una red de transporte clandestino de inmigrantes por carretera a los que cobraban por llevarlos en coche a otros puntos del país como Murcia, Alicante o Barcelona cuando llegaban en patera hasta las costas de Almería y Cádiz.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, la veintena de acusados, de nacionalidad marroquí y argelina, conocían por terceros de la llegada de pateras a diferentes puntos de las costas andaluzas.
Aprovechaban esa información para concertar con los inmigrantes que llegaban al país de manera irregular, o con sus familias, un transporte por carretera para salir de Andalucía y desplazarse a ortos puntos del país.
El ministerio público ha explicado que parte de los procesados trabajan organizados como red, aunque entre los acusados había dos grupos diferenciados y algunas personas que actuaban de manera independiente o por petición de otros.
Este traslado clandestino de migrantes se mantuvo al menos entre mayo y octubre de 2019 hasta que el trabajo de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la Policía Nacional pudo actuar contra el entramado.
Los acusados cobraban dinero por recoger a los migrantes cuando se bajaban de la patera, la mayoría en puntos de Cabo de Gata, y trasladarlos con sus vehículos privados hasta estaciones de autobuses o puntos diferentes del litoral español, siempre a cambio de diferentes cantidades de dinero.
Así, podían cobrar 450 euros por llevar a una persona de Almería a Alicante, hasta mil por trasladar a seis personas a la estación de autobuses alicantina o 30 por llevar a uno de ellos de la playa a la estación de Almería.
En algunas ocasiones, esos traslados pactados no se llevaron a cabo porque, pese a los acuerdos previos, el inmigrante que buscaba llegar a otro punto del país no tenía el dinero requerido por los acusados.
La Policía Nacional constató traslados a Alicante, pero también a municipios de la provincia de Almería, a localidades de Murcia como Torrepacheco y Callosa de Segura, o a destinos más lejanos como Tarragona o Barcelona.
Durante el registro de las viviendas de los principales sospechosos, ubicadas en Almería y Alicante, los agentes localizaron diferentes cantidades en efectivo, hasta 18.500 euros, procedentes de ese transporte clandestino y del cobro a inmigrantes.
La Fiscalía ha calificado los hechos como 13 delitos contra los derechos de las personas extranjeras y ha solicitado penas de siete años de prisión para los dos cabecillas de las organizaciones, seis años de cárcel para el grueso de los procesados, y penas de hasta nueve meses para los acusados de menor rango delictivo.
Los 19 acusados serán juzgados desde este lunes y durante tres sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería.
