Bogotá, 27 jun (EFE).- El grupo de origen español Keralty aseguró este viernes que recibirá en una situación «calamitosa» la entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, luego de que la Corte Constitucional de Colombia dejara sin efecto la intervención hecha por el Gobierno, que tiene bajo su control la compañía desde abril de 2024.
«Tenemos el compromiso inquebrantable de tratar de salir adelante, a pesar de la situación calamitosa en la que el Gobierno nos la tiene que devolver (la EPS Sanitas) como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional», afirmó el abogado de Keralty, Juan David Riveros, en una rueda de prensa.
El alto tribunal dejó sin efecto la decisión de la Superintendencia de Salud (Supersalud) que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del Gobierno sobre Sanitas.
La Supersalud había prorrogado en abril pasado por un año la intervención administrativa a la EPS Sanitas debido a sus problemas financieros y de atención a sus afiliados.
En esa ocasión la entidad gubernamental dijo que en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, «persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios».
La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.
Optimismo y reflexión
Sobre la decisión de la Corte, el abogado de Keralty se mostró optimista porque considera que en Colombia las instituciones «funcionan y dan respuestas a situaciones que son ilegales y afectan a los particulares».
Sin embargo, Riveros manifestó que «es un día de una profunda tristeza y reflexión porque lo que queda claro es que la estrategia que desplegó el Gobierno Nacional con la intervención de Sanitas y las otras EPS fue para debilitar el sistema de salud, dirigida a genera un caos que afectó a millones».
«Hacia adelante hay un camino enorme por recorrer porque definitivamente los problemas que enfrenta el sistema de salud no se resuelven con la decisión de la Corte. No es un final, es un inicio. La falta de compromiso por parte de diversas autoridades del Estado colombiano han llevado a deteriorar el estado de asfixia financiera de las EPS, que es donde gravita el gran problema del sistema de salud», afirmó.
Instancias internacionales
El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año a «instancias internacionales» para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios.
Los accionistas del grupo Keralty señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno «constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general».
«Hacia adelante vamos a seguir participando en el sistema de salud de manera propositiva, tratando de explicar cuáles son los principios que no se pueden ceder en el marco del sistema de salud para robustecerlo, para tratar de solventar el daño que este Gobierno le ha generado», añadió Riveros este viernes.
Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos 471 millones de dólares.
El Gobierno colombiano, que intentó sacar adelante una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios.
Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.
