Madrid, 13 may (EFE).- La Abogacía del Estado apoya que el Gobierno sancione a los municipios de más de 50.000 habitantes que habiendo recibido ayudas para implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) no las activen antes de finales de año.
Así se recoge en un informe de la Abogacía del Estado que fue adelantado por El País y al que ha tenido acceso EFE, en donde se respalda que dichos municipios puedan ser sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave, con una cuantía de dos y tres veces la ayuda percibida.
La Ley de Cambio Climático obligaba a que las ciudades de más de 50.000 habitantes tuvieran zonas de bajas emisiones el 1 de enero de 2023, pero más de dos años después la mayoría siguen sin tenerla.
La norma de Transición Ecológica no incluía un mecanismo para sancionar a las urbes incumplidoras.
Este informe además avala que las ayudas al transporte urbano (autobuses u otros) que se concedan a los municipios a partir del segundo semestre de este año estén vinculadas a la aplicación de las zonas de bajas emisiones
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica facilitados a EFE, el total de municipios obligados a implantar ZBE es de 153, uno más que en 2024, dado que Adeje en Canarias ha superado los 50.000 habitantes.
Actualmente están vigentes 53 ZBE, tres de ellas en municipios que no estaban obligados a implantarlas, los tres en Cataluña (Gavà, Sant Joan Despí y Sant Adrià de Besòs).
Otros 94 municipios de más de 50.000 habitantes están en trámite de aprobación de sus áreas de bajas emisiones y quedan pendientes 9.
El Ministerio de Transportes subvencionó la instalación de muchas de estas áreas, pero numerosos municipios aún no las han puesto en marcha, teniendo en cuenta que la última fecha de ejecución de las ayudas es el 31 de diciembre de 2025.
Ahora, la Abogacía del Estado respalda la postura de Transportes de sancionar a los infractores, en un informe en donde explica que los municipios que han recibido una subvención procedente de los fondos europeos pueden ser multados.
Aunque cada vez son más los municipios que las están instaurando, unos pocos sin embargo “hacen gala” de no tener intención de aplicar dichas áreas de bajas emisiones aunque están obligados a hacerlo, según ha asegurado públicamente la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
