Los Ángeles (EE.UU.), 7 jun (EFE).- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) dijo este sábado que estudia presentar una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por ordenar el despliegue de alrededor de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU. en Los Ángeles, en respuesta a las protestas por las redadas migratorias.
Victor Leung, director legal y de defensa de la ACLU del Sur de California, dijo en un comunicado que el despliegue “infundado” de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump “es una clara represalia” contra California, un bastión para las comunidades inmigrantes y equivale “a una declaración de guerra” contra todos los habitantes del estado.
Trump hizo el anuncio del despliegue en Truth Social al argumentar que si el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas, no pueden hacer el trabajo, el Gobierno federal intervendrá.
Los soldados desplegados por la Casa Blanca hacen parte de la misma Guardia Nacional de California, según explicó Newson en un comunicado.
«Esta medida es deliberadamente provocativa y solo intensificará las tensiones», agregó el gobernador, tras criticar las redadas que comenzaron el viernes en por lo menos siete lugares de trabajo.
Este sábado las manifestaciones se concentraron en la ciudad de Paramount, donde más de 50 vehículos federales realizaron un operativo migratorio en una empresa.
Activistas y miembros de la comunidad protestaron tratando de evitar las detenciones, pero por más de dos horas los agentes federales repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
Las autoridades utilizaron tácticas militares para dispersar a los manifestantes y poder trasladar a los detenidos, en forcejeo resultaron heridos varios manifestantes y personas que documentaban el enfrentamiento.
Leung subrayó que “no hay ninguna razón” para desplegar la Guardia Nacional contra los angelinos, quienes “están legítimamente” indignados por el ataque del gobierno federal a las comunidades inmigrantes y ejercen con justicia su derecho amparado en la Primera Enmienda para protestar por la separación violenta de las familias.
“Tenemos la intención de presentar una demanda, exigir responsabilidades a esta administración y proteger a nuestras comunidades de futuros ataques”, puntualizó el activista.
