Mérida, 14 may (EFE).- La acusación popular en el procedimiento abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pide tres años de prisión para éste por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.
En su escrito de solicitud de apertura de juicio oral tanto para David Sánchez como para otras diez personas más, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular también solicita que el hermano del presidente del Gobierno devuelva los salarios obtenidos de su cargo entre junio de 2017 y febrero de 2025.
El escrito de la acusación popular, al que EFE ha tenido acceso, ha sido elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa, quien el pasado 28 de abril dictó auto de procesamiento contra estas once personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
A juicio de la acusación, Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pacenses “se había creado para él” y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era “un mero paripé”.
“Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente”, lo que “no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado”, se añade.
Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a “sus preferencias personales” de “no tener que acudir diariamente a un despacho” y que la persona que “extraoficialmente le ayudaba” en su proyecto de ‘Opera Jóven’, Luis María Carrero, también fuera contratado.
Para Gallardo, quien también es secretario general del PSOE de Extremadura, la acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de prevaricación en concurso con el de tráfico de influencias y de nombramiento ilegal.
Asimismo, solicita para Gallardo inhabilitación para empleo o cargo público durante 15 años y multa equivalente al doble del beneficio obtenido tanto por David Sánchez como por Luis María Carrero, exfuncionario del Ministerio de Presidencia que también fue contratado por la Diputación de Badajoz.
Entiende la acusación popular que como máximo responsable de la Diputación y dada “la gran vinculación” del personal de Alta Dirección “con los órganos políticos”, Gallardo conocía que el puesto de coordinador “estaba destinado” a David Sánchez y “participó directamente” en los hechos.
“Del examen de los correos de David Sánchez” se deriva “que tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”, expone la acusación.
Para Carrero, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.
Similar petición de condena de prisión se extiende a Juana Cinta (directora del Área de Recursos Humanos) por “dar apariencia de legalidad” al procedimiento, Emilia Pareja (directora de Cultura) y Francisco Martos (diputado de Cultura) por “fingir cambio de nomenclatura” en el puesto de David Sánchez, así como para Ricardo Cabezas (diputado provincial) y Manuel Candalija (Área de Cultura) por intervenir “directamente” en la creación del puesto de Carrero.
En su escrito, la acusación popular también cita a Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017 por su participación “directa” en la creación del puesto de trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios pacenses de música y para las que solicita inhabilitación por 15 años por prevaricación y nombramiento ilegal.
Idéntica petición extrapola al funcionario Félix González, quien “intervino en la Comisión Asesora para la adjudicación” del citado puesto.
