Madrid, 11 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), que hace unos meses fue tumbada en el Congreso por el PP, Vox y Junts, encara una nueva recta final al haber superado este miércoles el penúltimo trámite en ponencia antes de someterse al examen decisivo de la Comisión de Sanidad el día 19.
A diferencia de la ocasión anterior, el proyecto de ley que crea el futuro organismo encargado de gestionar y coordinar las emergencias sanitarias no pasará por el pleno de la Cámara, de forma que continuará su andadura ya en el Senado, han informado a EFE fuentes parlamentarias.
En la anterior, ocurrida el pasado 20 de marzo, la Aesap cayó por sorpresa en el pleno al recibir el rechazo del PP y Junts -Vox se había negado desde el principio- en protesta por la tramitación de otra ley que ese día se debatía en la cámara. Tras ello, el Ministerio de Sanidad reactivó el proceso el pasado 8 de abril llevando el primer texto original al Consejo de Ministros.
Finalmente, y tras debatir las 75 enmiendas presentadas, la ponencia ha dado luz verde a su informe, que incorpora la iniciativa de ERC para excluir del sistema de precios de referencia la innovación incremental de medicamentos, es decir, aquellas mejoras o cambios en fármacos que pueden suponer una ventaja para el sistema o para el paciente.
Con ella, se modifica el artículo 98 de la ley de garantías y uso racional de medicamentos para eximir del citado sistema de precios, o bien aplicar un coeficiente corrector que eleve su precio, a aquellos fármacos que «tengan una ventaja estratégica para el Sistema Nacional de Salud o supongan una mejora objetiva para los pacientes».
Otras enmiendas, por el contrario, permanecerán vivas para su debate en la Comisión, entre ellas, la formulada por el PP sobre la reserva estratégica de medicamentos.
En ella, propone que las empresas del sector farmacéutico y de productos sanitarios colaboren con la Aesap, la Agencia Española de Medicamentos y Productos SDanitarios (Aemps), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y otras administraciones públicas «en la identificación de necesidades y actuaciones relacionadas con la innovación, el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento estratégico y distribución» de fármacos para garantizar la continuidad del suministro en crisis sanitarias.
Además, el PP quería que se garantizara que el nombramiento del director de la Aesap se haga «respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, entre funcionarios de carrera» de «reconocida competencia», como planteaba el texto inicial, pero que se someta «a consulta previa y debate» del Consejo Interterritorial.
Vox también registró una enmienda en esta misma línea; finalmente, los grupos han trabajado en una nueva redacción del texto que han transaccionado e incorporado a su dictamen.
Otras iniciativas que quedan vivas son las relativas a medicamentos veterinarios de ERC y Junts.
El grupo republicano quiere que, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, el Gobierno articule «las fórmulas necesarias» para la disponibilidad de los medicamentos, y «en particular los antibióticos», en farmacias y otros centros dispensadores autorizados, de acuerdo con las presentaciones adecuadas tanto para los veterinarios prescriptores como para los propietarios de los animales.
Mientras, Junts reclama que se imposibilite el ejercicio clínico de las profesiones sanitarias con intereses de tipo económico derivados de la «fabricación, elaboración, distribución, intermediación y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios, con excepción de la veterinaria», en la que se autoriza la compatibilidad de ejercicio clínico con la venta al por menor para animales no productores de alimentos que disponen de historial clínico.
También la incorporación obligatoria de prescripción en medicamentos antiparasitarios por sus consecuencias en los animales y su impacto en el medioambiente.
