Madrid, 19 jun (EFE).- El proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), el organismo para gestionar y coordinar las alertas y amenazas para la salud presentes y emergentes, volverá este jueves a intentar pasar el filtro del Congreso tras decaer por sorpresa en marzo por el rechazo de PP, Vox y Junts.
La Comisión de Sanidad del Congreso debatirá el proyecto con competencia legislativa plena, es decir, no tendrá que pasar por el Pleno de la cámara en este segundo intento; si se aprueba, directamente irá al Senado.
“Espero que salga aprobada la Agencia Estatal de Salud Pública. Es una deuda que tenemos con la salud pública desde el año 2011”, confió ayer la ministra de Sanidad, Mónica García.
La semana pasada se aprobó el informe de la ponencia, con el debate de 75 enmiendas, algunas de las cuales quedaron vivas para el debate de este jueves.
Nuevamente, como ya ocurrió en marzo, el texto parece llegar muy consensuado, aunque los grupos apurarán hasta última hora para cerrar los flecos relativos al real decreto 666/2023, conocida como la ley del medicamento veterinario, según trasladan a EFE fuentes de la Comisión.
Entre ellas, las referentes a medicamentos veterinarios de ERC y Junts: el grupo republicano quiere que, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, el Gobierno articule «las fórmulas necesarias» para la disponibilidad de los medicamentos, y «en particular los antibióticos», en farmacias y otros centros dispensadores autorizados, de acuerdo con las presentaciones adecuadas tanto para los veterinarios prescriptores como para los propietarios de los animales.
Mientras, Junts reclama que se imposibilite el ejercicio clínico de las profesiones sanitarias con intereses de tipo económico derivados de la «fabricación, elaboración, distribución, intermediación y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios, con excepción de la veterinaria», en la que se autoriza la compatibilidad de ejercicio clínico con la venta al por menor para animales no productores de alimentos que disponen de historial clínico.
También se debatira la enmienda del PP sobre la reserva estratégica de medicamentos.
En ella, propone que las empresas del sector farmacéutico y de productos sanitarios colaboren con la Aesap, la Agencia Española de Medicamentos y Productos SDanitarios (Aemps), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y otras administraciones públicas «en la identificación de necesidades y actuaciones relacionadas con la innovación, el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento estratégico y distribución» de fármacos para garantizar la continuidad del suministro en crisis sanitarias.
Además, el PP quería que se garantizara que el nombramiento del director de la Aesap se haga «respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, entre funcionarios de carrera» de «reconocida competencia», como planteaba el texto inicial, pero que se someta «a consulta previa y debate» del Consejo Interterritorial.
Lo que sí se aprobó incorporar en el informe de la ponencia es la iniciativa de ERC para excluir del sistema de precios de referencia la innovación incremental de medicamentos, es decir, aquellas mejoras o cambios en fármacos que pueden suponer una ventaja para el sistema o para el paciente.
El objetivo de la Aesap será el de gestionar y coordinar las emergencias sanitarias desde el enfoque ‘Una sola salud’, es decir que «la salud de las personas, la de los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente están estrechamente relacionados y son interdependientes».
