Lima, 13 ago (EFE).- Un grupo de ciudadanos, activistas de derechos humanos, políticos y familiares de víctimas del conflicto armado interno de Perú (1990-2000) hicieron este miércoles un plantón frente al Palacio de Justicia, en el centro histórico de Lima, para protestar contra la ley de amnistía para policías y militares promulgada por la presidenta, Dina Boluarte.
La mandataria promulgó este miércoles la amnistía aprobada por el Parlamento a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, y en desacato al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exhortaba a Boluarte a suspender el trámite de la ley para que no entrase en vigencia.
La norma propone una amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
«Boluarte se ha hecho cómplice, una vez más, de todos los criminales que violaron, desaparecieron y mataron, eso nosotros no lo vamos a olvidar», dijo en la protesta la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Gloria Cano.
Señaló que la amnistía no puede ser aplicada porque no solo contraviene los derechos de las víctimas, sino también las obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar a toda aquella persona que haya cometido delitos contra los derechos humanos.
«La amnistía es impunidad, la amnistía no es dignidad, la amnistía es precisamente una violación a las víctimas y ella (Boluarte) ha querido el día de hoy nuevamente arremeter contra las víctimas y ponerse de lado de los victimarios. Esa es ella, así es Dina Boluarte, del lado de los criminales», agregó la abogada con un megáfono.
«Impunidad institucional»
El grupo gritó «Dina asesina, el pueblo te repudia», «abajo la ley de amnistía», «la sangre derramada, no será olvidada» y también repitieron el nombre de matanzas cometidas por las fuerzas de seguridad peruanas durante el conflicto para denunciar que no olvidan lo ocurrido.
«Es un Gobierno cómplice de la impunidad y asesino, porque este Gobierno es responsable de las 50 muertes (en las protestas de 2022 y 2023) y hoy lo que ha hecho con la publicación de esta ley es consolidar este pacto autoritario», dijo a EFE la congresista de izquierda Ruth Luque.
La parlamentaria agregó que esta ley es «una expresión de la consolidación de la impunidad institucional» y que Perú vive un contexto en el que «no hay una democracia con estándares que se aseguren garantías a los derechos humanos».
Por su parte, Carmen Amaro, hermana de uno de los estudiantes secuestrados y asesinados en 1992 en la matanza de La Cantuta, calificó como «vergonzosa» la promulgación de la ley por parte el Ejecutivo, llevada a cabo en una ceremonia en Palacio de Gobierno de Lima con militares y policías que participaron en operativos durante el conflicto armado interno.
«Ha sido promulgada una ley nefasta por donde se le mire. Es una ley inconstitucional y que atenta contra el derecho y la justicia de las víctimas y sus familiares», señaló con una fotografía de su hermano en la mano.
Detalles de la ley
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
En el acto de este miércoles, Boluarte aseveró que esta amnistía es para quienes «entregaron su vida en defensa de la paz» que hoy tiene el país «y otros que sobrevivieron pero cargados con juicios interminables y acusaciones injustas, con un dolor que no solo alcanzó a ellos sino también a sus familias».
El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú, desatada por la violencia perpetrada por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA, con una respuesta estatal donde se cometieron numerosos delitos de lesa humanidad, entre ellas matanzas de decenas de personas, como la de Accomarca en 1985, evento del que este jueves se cumplen 40 años.
