Madrid, 8 oct (EFE).- La defensa de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa ha asegurado que su intervención en relación con la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense era de «mera mensajera» y «solo para cuestiones de trámite», lo que aleja cualquier sospecha de tráfico de influencias.
Con este y otros argumentos, el abogado de Cristina Álvarez solicita el archivo de la causa principal que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra ella, Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, y que el magistrado ha decidido que, en caso de que llegue a juicio, sea enjuiciada por un jurado popular.
En paralelo a reclamar el archivo en la vista que se celebró este lunes, el abogado ha presentado un escrito en el que justifica esta petición y reclama además que se deje sin efecto la tramitación de la causa por el procedimiento del tribunal del jurado y que se impongan costas a la acusación popular que dirige Hazte Oír por «evidente temeridad y mala fe».
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la defensa alude a los 121 correos que Cristina Álvarez se intercambió con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio y que fundamentaron uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Dichos correos, defiende el abogado de Álvarez, muestran que su intervención con relación a la cátedra «no solo es marginal, sino que se limita a una labor de mera mensajera» entre Gómez y Doadrio, casi siempre a iniciativa de este y «solo para cuestiones de trámite».
Una «mera recadera» -recalca el abogado- que transmitía «recados de tipo administrativo», indica el escrito, que subraya que Álvarez no intervino en ningún correo anterior a la creación de la cátedra y, por tanto, no pudo influir en ello.
La defensa alude a la doctrina de «los actos neutrales» para argumentar que lo que hizo Álvarez fueron «actos cotidianos y socialmente adecuados que no cabe reputar» como delictivos porque, «con independencia del resultado, no representan un peligro socialmente inadecuado».
De esta forma pide el abogado al juez que archive la causa contra ella al no existir «rastro indiciario alguno de una posible participación» de Álvarez en ningún acto de presión moral hacia ningún funcionario para conseguir una resolución en un sentido determinado.
Respecto al otro delito por el que está investigada -corrupción en los negocios-, subraya el abogado que nunca ha sabido «en qué se concreta esta imputación», y recuerda que en la vista del lunes la acusación popular renunció a mantener esta imputación en su contra.
En las últimas semanas, el juez Peinado ha propuesto que, en caso de llegar a juicio, Begoña Gómez y Cristina Álvarez sean juzgadas por dos jurados populares, con relación a esta causa principal y también a la pieza separada sobre la presunta malversación en el trabajo de la segunda como asesora.
