San Salvador, 16 sep (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este martes, en un comunicado, que dejará de ejecutar en el país proyectos con fondos de cooperación internacional, «debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones» que impone una reciente Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el presidente Nayib Bukele.
«En los últimos 90 días la APES ha suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento provienen del exterior y que se ejecutan en El Salvador. Hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso», indicó la asociación en la nota compartida en X.
Sin embargo, la APES indicó que «seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa», además de defender «los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños».
La asociación subrayó que la Ley de Agentes Extranjeros posee una definición de agente extranjero «amplia y discrecional», por lo que considera que «el Registro (de Agentes Extranjeros) está diseñado para usar este poder de manera arbitraria».
La normativa establece sanciones que diversas organizaciones han señalado de «confiscatorias», además de abrir la posibilidad de procesos penales, anular la personería jurídica y de un impuesto del 30 % sobre las donaciones.
«La ley no aclara si el impuesto actual del 10 % sobre las donaciones se sumará a este nuevo impuesto, lo que aumentaría aún más la carga financiera y la haría comparable a una confiscación de facto», detalló la APES.
La organización también denunció que tiene más de un año intentando obtener credenciales de junta directiva en el registro de asociaciones de la oficina del Ministerio de Gobernación, y «aún lo seguirá haciendo».
«Como Asociación de Periodistas seguiremos insistiendo, apegados a nuestro derecho de organización y asociación, pese al cierre deliberado del espacio cívico», concluyó la APES.
El 8 de septiembre pasado, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución tras casi 33 años de existencia, a raíz de la «situación política» del país y de la Ley de Agentes Extranjeros.
Anteriormente, la organización Cristosal anunció su salida del país, a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Bukele y por la referida ley, también la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad) comunicó recientemente su cierre.
A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está «deteriorado».
