Málaga, 17 sep (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga juzgará a un total de 27 personas, ocho de ellas empleados públicos, en el caso de la supuesta red de funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Málaga.
El resto de acusados son empresarios y profesionales de gestorías y asesorías que encargaban trámites presuntamente irregulares y los funcionarios recibían supuestamente a cambio pagos ilegales para realizarlos, entre otras irregularidades.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, instructor de la causa, ha acordado la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial de Málaga, según el auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.
Se les acusa de distintos delitos
A los investigados se les acusa por distintos delitos entre los que figuran la constitución y pertenencia a organización criminal, delitos continuados de cohecho, falsedad, prevaricación, revelación de secretos y blanqueo de capitales.
Los procesados se enfrentan a peticiones que oscilan entre los 32 años y medio de cárcel (para el presunto cabecilla) a cuatro años y seis meses porque hay una acusada a la que solo se le acusa por blanqueo de capitales.
La pena global a la que se enfrentan los 27 acusados suman mas de 380 años de prisión.
Además, en la resolución judicial se ratifica las medidas cautelares de libertad de los acusados.
Una investigación iniciada en 2022
La investigación se inició a mediados de 2022 y fue la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga los encargados de investigar posibles pagos a funcionarios de la Agencia Tributaria de Málaga por falsos certificados tributarios.
Durante las pesquisas, el instructor decretó secreto de sumario y el operativo se desarrolló en dos fases de detenciones, la primera en abril de 2022 y la segunda en junio del mismo año, ya que se hizo una ampliación del operativo.
En aquel momento se detuvo a 31 personas (entre ellos nueve funcionarios de Hacienda), de los que quince ingresaron en prisión por orden judicial, seis de ellos empleados públicos.
En este procedimiento no solo están acusados las personas que pudieron emitir dichos certificados sino también el que los pagaba, porque presuntamente se trataría de un cohecho y, además, al saber que eran falsos también han podido incurrir en delitos de falsedad en documento público, según han informado a EFE fuentes judiciales.
Los funcionarios presuntamente ofrecían a gestorías y empresas realizar procedimientos irregulares, como la tramitación de expedientes de contribuyentes para agilizarlos, quitar embargos o conceder aplazamientos y todo ello era supuestamente dirigido por uno de los empleados públicos investigados y, posteriormente, se repartían las tareas según el trámite que hubiera que realizar.
Las pesquisas se iniciaron tras detectarse una supuesta trama de certificados tributarios después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectara irregularidades en la expedición de los mismos y entre los investigados además de funcionarios hay empresarios, gestores y particulares, entre otros.
La investigación se inició en torno a una presunta trama de certificados tributarios de estar al corriente en el pago de impuestos y carecer de deudas con la Agencia Tributaria, que sirve para acreditar la solvencia de empresas y particulares.
La presunta organización operó supuestamente al menos siete años, en concreto desde finales de 2015 hasta abril de 2022, cuando se destapó la primera fase de la operación policial.
