Sevilla, 22 abr (EFE).- La Audiencia de Sevilla se ha dado tres días, los próximos 24 y 29 abril y 13 de mayo, para deliberar sobre si eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión prejudicial que planteó sobre el caso ERE de Andalucía a raíz del amparo concedido por el Constitucional (TC) a los principales condenados.
Esta decisión ha sido adoptada “dada cuenta y visto lo actuado” por la Sección Primera del tribunal sevillano en una breve providencia, notificada este martes a las partes y a la que ha tenido acceso EFE.
La decisión de deliberar desde el próximo jueves se produce después de que la Audiencia cuestionara en una providencia anterior que el amparo concedido por la corte española de garantías (TC) a condenados del caso ERE como los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves fuera del todo compatible con el Derecho de la Unión Europea.
La Sección Primera pidió por ello opinión a las partes personadas -Fiscalía, acusaciones del PP y Manos Limpias y defensas- sobre si el Constitucional se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces, y planteó la posibilidad de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este movimiento de la Audiencia llevó al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano podía acudir al TJUE, para lo cual pidió que se remita la providencia, algo que no gustó en Sevilla.
Conforme pasaron los días se acumularon hasta cinco informes internos de letrados adscritos a magistrados progresistas y conservadores que coincidían en que no se puede impedir al tribunal andaluz acudir a la Justicia europea.
Ante dicha situación, Conde-Pumpido incluyó la cuestión en el orden del día del pleno del TC como “debate jurídico” sin horizonte de dictar una decisión procesal, lo que fue interpretado como una señal de que la corte de garantías no iba a obstaculizar la actuación de Sevilla.
El nuevo paso de la Audiencia comunicado este martes se produce trece días después de que el pleno del Constitucional terminara al final sin acuerdo su debate sobre si el tribunal sevillano podía presentar la cuestión prejudicial en Europa, aunque mantuvo “abierto” el asunto sin dar más detalles.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción terminó por desaconsejar a la Audiencia acudir a la Justicia europea y le trasladó que, en este caso, podía resolver ella misma sus dudas conforme al Derecho interno y que la corte española de garantías “no se ha extralimitado al anular una resolución judicial”.
