Madrid, 18 may (EFE).- La causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos encara su recta final con la testifical el próximo viernes 23 de mayo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y autor de la denuncia que originó la investigación.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y las partes interrogarán a González Amador, citado a petición de la Abogacía del Estado y por orden de la Sala, una vez que el instructor había rechazado en un primer momento esta diligencia.
En la causa se investiga la difusión de un correo en el que el abogado de González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un acuerdo a la Fiscalía en el que admitía dos delitos fiscales.
Hurtado desestimó en enero que fuese citado como testigo antes de las comparecencias del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque suponía “una dilación para la declaración de los investigados”, aparte de entender que podía resultar perjudicial para el acusado.
Pero la Sala de lo Penal estimó parcialmente el recurso del fiscal general y señaló que “siendo la propia defensa quien solicita la declaración” de González Amador, no ve motivo para su denegación. “Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la testifical de González Amador es la única diligencia pendiente que queda por practicar por el instructor, de ahí que en adelante tenga el camino despejado para decidir si va más allá y ve indicios para procesar al fiscal general o, en cambio, acuerda el archivo del procedimiento.
Tanto es así que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que ejerce una de las cinco acusaciones populares Madrid, ha pedido ya al magistrado que dicte el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para García Ortiz y Rodríguez, por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación administrativa al existir una “abrumadora prueba”.
Lo plantea así porque no existe más prueba por practicar -esta asociación ha pedido dos diligencias de carácter menor- que la declaración de González Amador y porque “concurre un acervo probatorio desmesurado en este caso” que, en su opinión ya existía cuando se derivó la causa desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora “se ha visto reforzado”.
