Santander, 12 ago (EFE).- La controversia en torno al lobo no cesa cuatro meses después de que su caza haya dejado de estar prohibida al norte del Duero por un cambio legal, y en las últimas semanas con desencuentros a cuenta del informe sexenal sobre su estado de conservación, en el que las posturas del Ministerio y de las comunidades siguen alejadas.
El Día Internacional del Lobo se celebra cada 13 de agosto, este año con discusión alrededor de esta especie por las extracciones y la muerte de ejemplares tras su salida del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), una vez que a finales de marzo se aprobó en el Congreso la ley contra el desperdicio alimentario.
Trece comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han pedido por carta a la Comisión Europea una reunión para denunciar que no han votado todavía en la conferencia sectorial el informe sexenal del lobo que el Gobierno central tiene que remitir a Bruselas.
En una misiva enviada a la comisaria de medio ambiente, Jessika Roswell, estas regiones se quejan de la «insólita situación» y recuerdan que para que España pueda remitir a los organismos comunitarios el informe sexenal se requiere de la aprobación por mayoría de las comunidades.
En la carta, que por el momento no ha sido respondida, las comunidades subrayan que el pasado 10 de julio se celebró una reunión de direcciones generales con el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo, que posteriormente habría de presentar el Gobierno central ante Europa.
Las comunidades subrayan que apoyaron el informe que declara que el estado de conservación del lobo es favorable, y critican que el Ministerio desconvocó unilateralmente la sectorial que ya tenía fecha y en la que al más alto nivel se iba a valorar el informe.
«Hay que remitir el informe sexenal a Europa con el que se va a valorar si el lobo está en perfecto estado de conservación o no. Por eso es fundamental que se manden los informes reales, no los que quiere el Gobierno de Sánchez», dice la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.
El Ministerio, por su parte, ha defendido las razones que llevaron a desconvocar esa reunión, fundadas, según explicó días después de la anulación de la cita el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso del Defensor del Pueblo sobre algunos preceptos de la ley contra el desperdicio alimentario que avaló la caza del lobo.
Sin embargo, pese a estas explicaciones, la polémica sigue servida, no sólo en el ámbito político, sino también judicial, con resoluciones contrarias de distintos tribunales superiores de justicia, que en comunidades como Cantabria dan cobertura a las extracciones de la especie, mientras que en Galicia se han paralizado.
Ecologistas y ganaderos
Los planteamientos de los colectivos ecologistas y de los ganaderos tampoco llegan a encontrarse, aunque, al margen del enfrentamiento político, cada uno de estos colectivos intenta acercar posturas.
Los grupos ecologistas ponen en duda los censos de lobo con los que las administraciones autonómicas justifican las extracciones. A su juicio, las cifras de las poblaciones de lobo están «infladas».
La consejera cántabra ha señalado que, conforme a los informes que tienen, en España hay 333 manadas de lobo, con un aumento del 12 % respecto al anterior informe sexenal.
Verdes Equo admite que el del lobo es un tema «lleno de aristas» ya que «en la propia Unión Europea hay diversidad de opiniones», pero cree que hay que dedicar el mayor esfuerzo posible a todas las medidas preventivas para evitar daños.
«Hay muchas medidas preventivas previas la muerte del ejemplar que se ha comprobado y se sigue comprobando que funcionan. No hay medidas genéricas para todo el mundo, sino que depende de muchos condicionantes. No todo vale para todo, pero sí hay medidas que se ve que son eficaces», destaca a EFE su portavoz, Gabriel Moreno.
En el sector ganadero se agarran a las cifras de población de lobo hechas públicas por las administraciones autonómicas y se subrayan los ataques y los daños al ganado.
Con los datos aportados por la consejera cántabra, desde que el lobo entró en el Lespre en 2022 hasta final de 2024 se han producido 6.635 ataques de esta especie a animales con más de 8.000 muertes.
