San Salvador, 6 jun (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al Estado de El Salvador a derogar la reciente Ley de Agentes Extranjeros, porque puede afectar la «sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación» que «actúan en defensa de derechos humanos».
A iniciativa del presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó el pasado 20 de mayo la ley en mención, que grava con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales, sean para personas naturales o jurídicas.
«La CIDH expresa su preocupación por la tributación establecida, que puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional», indicó el organismo en un comunicado.
La comisión también advirtió que dicha ley posee una «discrecionalidad» y «ambigüedad» sobre «las actividades que son prohibidas de ser financiadas con recursos extranjeros».
«En 2021, la CIDH y su RELE (Relatoría Especial de Libertad de Expresión) llamaron al Estado de El Salvador a no aprobar una normativa con tales características, por lo que instaron a su derogación», subrayó el comunicado.
El organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también manifestó su preocupación por las «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».
La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, del pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.
Además, la comisión denunció la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala.
«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», expuso la CIDH.
El comunicado también apuntó que «frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica».
