Luxemburgo, 15 jul (EFE).- La Comisión Europea cuestionó este martes que la ley de amnistía «responda a un objetivo de interés general» en la vista que celebró hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si los gastos del procés han puesto en riesgo a los intereses financieros de la UE.
Una opinión que descartaron tanto el Gobierno de España, representada por la abogada general del Estado, Andrea Gavela, como los abogados de los 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, cuyas responsabilidades contables está analizando el Tribunal de Cuentas.
Tras la vista, que duró aproximadamente cuatro horas, el abogado general de la UE, Dean Spielmann, no fijó todavía la fecha en la que emitirá su opinión sobre los términos en que deberá pronunciarse la sentencia del TJUE.
Autoamnistía
«No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», dijo el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien consideró, por tanto, que en realidad se trata de una autoamnistía.
Urraca evitó pronunciar esta palabra en la vista, pero sí hizo referencia al escrito que presentó en diciembre ante el TJUE, en el que alegó que los votos de los beneficiarios de la amnistía han sido necesarios para la aprobación de la ley.
Un argumento que hizo suyo el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, pero que rechazó, por contra la abogada general del Estado.
Gavela recordó que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que «responde a un fin legítimo, explícito y razonable» de mejorar la situación política y social en Cataluña ateniendo así al interés general.
Un argumento en el que incidió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye: «Las autoamnistías exoneran a los autores de grandes crímenes internacionales, impiden la investigación judicial, son dictadas por quienes se benefician de ello y carecen de control jurisdiccional efectivo. Nada de eso ocurre con la ley orgánica de amnistía».
«Esta ley nace en el seno de un procedimiento de reconocimiento mutuo entre las partes, un incipiente reconocimiento de legitimidades, reconocimiento del conflicto y búsqueda de la reparación y la reconciliación entre dos pueblos», continuó Boye, quien apuntó que toda norma «en todo Estado democrático es fruto de la negociación política si no se tiene mayoría absoluta».
Urraca añadió además que la ley de amnistía «ha ahondado en una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española» y no ha respetado los plazos de la Comisión de Venecia «con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación».
Intereses financieros
El abogado de la Comisión añadió que «no parece que la disminución de la Renta Nacional Bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión».
En el sentido de que la aportación de España al presupuesto comunitario seguiría siendo proporcional a su peso económico.
No obstante, Urraca dijo que el Tribunal de Cuentas debe determinar si el origen del dinero con el que financió el procés provenía de los fondos de la UE y, en este sentido, consideró que el plazo de dos meses que la amnistía fija para aplicar la norma «podrían impedir» a los jueces «llevar a cabo dicho examen».
Urraca afirmó que según la legislación española, «los jueces que incumplen los plazos se arriesgan a incurrir en responsabilidades disciplinarias», una opinión que descartaron la abogacía general el Estado, los abogados de los demandados y el ministerio fiscal, asegurando que la práctica demuestra que en los procesos judiciales se incumplen los plazos.
El plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar el origen de los fondos «sin ningún problema», aseguró el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo.
«Creemos que se va a hacer justicia», dijo en declaraciones a la prensa presidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, al término de la vista.
