Bruselas, 20 jun (EFE).- La Comisión Europea anunció hoy que retirará su propuesta legislativa que pretendía reforzar la normativa para evitar que las empresas puedan hacer afirmaciones engañosas sobre las cualidades medioambientales de sus productos y servicios.
«En el contexto actual, la Comisión tiene intención de retirar la propuesta de Declaraciones Ecológicas», dijo este viernes en rueda de prensa el portavoz comunitario de Medioambiente, Maciej Berestecki, en relación a la llamada Directiva sobre Declaraciones Ecológicas o Medioambientales (Green Claims Directive).
Las normas propuestas buscan que las empresas fundamenten y justifiquen las alegaciones ecológicas de sus productos y servicios.
El Ejecutivo comunitario declinó inicialmente comentar los motivos que han llevado a la Comisión que preside Ursula von der Leyen a retirar la propuesta que presentó en septiembre de 2023.
Tampoco explicó qué plazos se manejan o el procedimiento a seguir, pese a que el próximo lunes está programada una negociación sobre el texto entre el Parlamento Europeo y el Consejo (trílogo).
«La Comisión tiene capacidad de iniciativa, que significa que (…) puede hacer nuevas propuestas legislativas, que pasan después a los colegisladores (Consejo y Eurocámara) y también tiene el derecho de, basándose en su propia evaluación, retirar o no las propuestas», se limitó a decir el portavoz jefe adjunto de la Comisión, Stefan de Keersmaecker.
Horas más tarde, el portavoz comunitario de Medioambiente explicó en un comunicado que la intención del Ejecutivo de retirar la propuesta responde a que «las discusiones actuales (…) van en contra de la agenda de simplificación de la Comisión, especialmente en lo que respecta a las microempresas».
En su estado actual, la normativa afectaría a «30 millones de microempresas», aseguró, y esto «desvirtuaría la propuesta de la Comisión de tal forma que impediría alcanzar los objetivos perseguidos, es decir, fomentar el desarrollo de los mercados ecológicos evitando imponer cargas indebidas a las empresas más pequeñas».
En su propuesta original, en cambio, la Comisión Europea aseguraba que «las medidas de la propuesta no van más allá de lo necesario para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra con conocimiento de causa y promover un consumo sostenible, sobre la base de información fiable y verificada».
El Ejecutivo comunitario añadía que la iniciativa era «el resultado de un examen exhaustivo de las aportaciones de las partes interesadas, en particular de las empresas, incluidas las pymes».
El portavoz de Medioambiente subrayó en su comunicado que «la Comisión sigue plenamente comprometida con la lucha contra el ‘greenwashing’ y con garantizar que los consumidores estén debidamente informados, y continuará trabajando para lograr este objetivo».
La polémica por el cambio de postura de Bruselas este viernes saltó a las redes sociales, donde criticó la decisión el que fuera comisario de Medioambiente la pasada legislatura cuando se preparó y aprobó la propuesta, el ahora eurodiputado ecologista Virginijus Sinkevicius.
«Al alinearse con la extrema derecha para bloquear la Directiva sobre Declaraciones Ecológicas, el grupo del Partido Popular Europeo daña a todas las empresas que invirtieron de buena fe en la transición ecológica. ¿Qué mensaje transmite eso sobre la credibilidad de Europa?», escribió el político lituano en X.
El PPE le respondió que «la propuesta es excesivamente compleja y carece de una evaluación de impacto específica que demuestre que sus beneficios superan las cargas que impondría a las empresas», a lo que el excomisario replicó que «no se mejora una ley huyendo de las negociaciones».
Por su parte, el director para Europa y Asia Central de la ONG medioambientalista BirdLife, Ariel Brummer, calificó la novedad como una «buena noticia para contaminadores y mentirosos», escribió en la red Bluesky.
La inusual decisión llega después de que el grupo de los democristianos del Partido Popular Europeo (PPE), primera fuerza del Parlamento Europeo y familia política más representada en el colegio de comisarios, pidiera por carta a la comisaria europea de Medioambiente, la sueca del PPE Jesika Roswall, que retirara el texto legislativo.
«Corre el riesgo de obstaculizar injustificadamente la comunicación sobre sostenibilidad mediante procedimientos excesivamente complejos, gravosos desde el punto de vista administrativo y costosos», indicaron en esa misiva.
Critican, en particular, la introducción de un requisito de «aprobación previa para las alegaciones medioambientales», que consideran «una idea fundamentalmente errónea».
El paso atrás de Bruselas supone un nuevo volantazo de la Comisión Europea en lo relativo a la legislación verde impulsada en la primera legislatura de Von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario.
En los últimos meses o semanas, Bruselas ha flexibilizado los objetivos de CO2 para los coches y furgonetas, ha postergado la entrada en vigor de la normativa contra la deforestación importada y ha limitado el mecanismo que gravará el dióxido de carbono en las fronteras de la UE.
