San Salvador, 17 may (EFE).- La comunidad LGTBI de El Salvador reiteró este sábado su llamado a erradicar todos los tipos de discriminación, en momentos en que en el país centroamericano “existe un retroceso” en la garantía de derechos humanos, expresó.
Alrededor de 100 personas se concentraron en el parque Cuscatlán, en San Salvador, para movilizarse hasta la plaza Salvador del Mundo en el marco del Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia.
La marcha, que estuvo bajo la vigilancia de agentes de la Unidad del Mantenimiento de Orden (OMU), concluyó sin altercados y con múltiples exigencia al Gobierno salvadoreño.
Aranza Santos, una mujer trans integrante de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, reclamó derechos en los “contexto adversos que se están viviendo” porque es “una obligación que todos los ciudadanos tenemos, aunque se nos estigmatice”.
“No le hablamos a un gobierno, porque lamentablemente todos los gobiernos hasta el actual, no nos han dado una respuesta, una respuesta clara, una respuesta que venga a erradicar todos aquellos tipos de discriminación, estigma y violencia hacia la población LGTBI en El Salvador”, dijo en declaraciones a EFE.
Hizo un llamado a la comunidad internacional a “que esté observando todos los cambios abruptos que hay en temas de seguridad pública hacia las personas LGTBI en El Salvador”.
“En el contexto que nos encontramos todas las luchas son necesarias. Nos sumamos porque todo lo que está pasando a nivel nacional es un contexto transversal. Nos está afectando el tema de la ley de minería, las personas desaparecidas, la pobreza (…) todos estos temas nos atraviesan como personas LGTBIQ+”, manifestó Santos.
Organizaciones de mujeres trans y que defienden los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador advirtieron el viernes que la Ley de Agentes Extranjeros, propuesta por el presidente Nayib Bukele, “provocará” una “cacería de brujas” contra miembros de oenegés de la sociedad civil.
El presidente Bukele anunció esta semana que enviaría a la Asamblea Legislativa una Ley de Agentes Extranjeros para poner un impuesto del 30 % a las donaciones de las organizaciones sociales.
Una ley similar fue propuesta en 2021, la cual no se llegó a aprobar, pero el impuesto para las ONG era del 40 % a sus ingresos.
