Madrid, 19 may (EFE).- La Comunidad de Madrid ha firmado un protocolo con los colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito y asistencia psicológica frente a las ocupaciones de viviendas que, según la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, alcanzan las 9.000 en la región.
Díaz Ayuso ha rubricado este acuerdo que amplía los servicios de representación gratuita de los procuradores ante los tribunales de justicia, así como la asistencia especializada por parte de los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares, que podrán recibir de manera inmediata a través del 012, mediante un nuevo servicio que se pondrá en marcha, que será complementario al ya operativo del 112.
Además, se pondrá a disposición de los afectados atención psicológica a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) que les apoyen en el proceso.
Ante las cifras estimadas de 16.500 viviendas ocupadas en España, 9.000 en la región, la Comunidad de Madrid ha decidido encabezar la lucha frente a esta “lacra” pese a carecer de competencias suficientes para solucionar este problema, ya que es el Gobierno quien podría legislar “a favor de esta verdad” pero “minimizan los casos y piensan que son dos o tres”, ha subrayado Díaz Ayuso.
“Se normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal. Por eso se premia a quién delinque y se castiga a las familias que son víctimas de ocupación”, ha censurado, y ha incidido en que el 93% de los propietarios en España tiene una segunda vivienda, y no son “un gran tenedor”.
También ha recalcado que casi la mitad de los propietarios de una segunda vivienda son mayores de 65 años, que destinan la renta que obtienen del alquiler para completar sus pensiones o para pagar la hipoteca del piso donde viven.
En esta línea, ha rechazado “la pretendida lucha de clases” y tratar de trasladar “la idea de que quien tiene 2 o 3 viviendas es rico y no merece los mismos derechos que los demás”, y ha instado al Gobierno a modificar de forma urgente “todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de okupas o inquiokupas”.
Los afectados, ha recalcado, son personas que llevan “toda una vida ahorrando para enfrentar con mayor desahogo la jubilación o para lo que ellos consideren”, ya que ha sido “la hucha de la clase media española durante todo este tiempo”.
Y ha censurado que se está empobreciendo a personas “de esa renta media que se ven ilegalmente despojados de una vivienda en la que han invertido los ahorros de toda una vida después de trabajo y de sacrificio”.
Según Díaz Ayuso, solo desde la ley se puede afrontar el problema de la vivienda, porque la inseguridad jurídica “es veneno” para el mercado y provoca que haya menos oferta, al tiempo que ha alertado de que la ley de vivienda estatal ha provocado la pérdida de 120.000 alquileres en dos años en España y un encarecimiento del 26 %, aludiendo a un informe del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Y ha advertido de que “las políticas bolivarianas sin ley” llevan a “apagones, escasez, mercado negro, huida de empresas, infiernos fiscales, se anula a los mejores, subsidiando, empobreciendo y haciendo al ciudadano dependiente de los favores del poder”.
Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores, Alberto García Berrenechea, ha remarcado que “sorprende” tener que proteger el artículo 33 de la Constitución que defiende el derecho de la propiedad privada, si bien ha considerado que también debe hacerse “en instancias superiores” ante un problema que se está agravando, con un aumento del 7,14 % de las denuncias por ocupación, en 16.000 asuntos más.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha resaltado que la propiedad privada es uno de los elementos que garantizan el bienestar en la convivencia social, se está viendo amenazado por la ocupación, y ha cifrado en 61 las ocupaciones “diarias” que se producen en España.
