Bogotá, 3 ago (EFE).- El caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a doce años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, está lejos de terminar por la apelación de la sentencia que su defensa presentará este mes.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y es uno de los políticos más influyentes del país, fue hallado culpable de intentar manipular testigos para que no declararan en su contra en un caso relacionado con sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.
El abogado Jaime Granados, defensor principal de Uribe, confirmó el mismo viernes, día de lectura de la sentencia, que presentará la apelación. El tribunal tiene plazo hasta el 16 de octubre para confirmar, modificar o revocar la sentencia emitida por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
«Considero que el Tribunal Superior de Bogotá tendrá la capacidad de priorizar este proceso judicial que es fundamental para todos, porque aquí estamos frente a una sentencia condenatoria en primera instancia, pero esto no ha terminado, el debate sigue», señaló el abogado Miguel Ángel del Río, que representa a las víctimas, en un canal que abrió en Youtube para analizar el caso.
Del Río agregó que será dicho tribunal, donde tres magistrados examinarán el caso, el que establecerá «si se confirma la decisión por parte de la jueza 44 o si se revoca».
Carrera contra el tiempo
Este lunes empiezan a contar los siete días hábiles que la jueza concedió a la defensa para que presente la apelación a su fallo, que ha causado un debate en el país por la contundencia de la condena, que además de los doce años de cárcel para Uribe incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilita por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.
El plazo inicial de cinco días para la apelación debía terminar el 11 de agosto, teniendo en cuenta que el 7 de agosto es festivo en Colombia, pero Granados le pidió a la jueza cinco días más, dado lo extenso del fallo, de 1.114 páginas, y Heredia solo le concedió dos alegando que el defensor conoce muy bien el caso.
«El señor defensor (…) conoce a la perfección este proceso pues recordemos que fue él mismo quien, ejerciendo la representación del señor Álvaro Uribe Vélez, formuló la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, en febrero del 2012, que es el nacimiento a la vida jurídica y todo lo que conllevó con posterioridad a este proceso», argumentó la jueza.
El caso por el que fue condenado Uribe, de 73 años y líder del partido de derecha Centro Democrático, lo comenzó él mismo en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
«Después del recurso apelación viene el traslado a los no recurrentes, en este caso somos la Fiscalía y representación de víctimas (que no apelarán la sentencia de primera instancia) y el proceso se irá finalmente para el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá que tomar una decisión hasta antes del 16 de octubre del año 2025», señaló del Río.
En esa fecha prescribe la acción penal de este caso y «estamos muy cerca de ese evento», agregó el abogado de las víctimas, quien insistió en que en la segunda instancia «puede haber una confirmación o puede haber una revocatoria parcial de algunos aspectos con relación a la decisión».
La esperanza del uribismo
Los seguidores de Uribe, que defienden su inocencia a capa y espada, depositan en el fallo de segunda instancia sus esperanzas de un giro de 180 grados en la sentencia, con el argumento de que los jueces también se equivocan.
«Para eso existen las apelaciones. La institucionalidad debe estar dispuesta a entender que sí, que los jueces pueden equivocarse y que es susceptible cambiar y corregir lo que haya quedado mal. Lo contrario es eliminar la garantía de una segunda instancia», manifestó este domingo en X la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
En caso de que el Tribunal Superior de Bogotá modifique en algo la sentencia se puede interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, instancia para dar por cerrado el caso de forma definitiva, lo que, según expertos, podría durar años.
