Quito, 11 sep (EFE).- Cientos de personas volvieron a marchar este jueves en Ecuador en contra de los recortes del Gobierno del presidente Daniel Noboa y en defensa de la Corte Constitucional, a la que reclaman que declare inconstitucionales una serie de polémicas leyes promovidas por el mandatario que acumulan numerosas denuncias por posible vulneración de derechos fundamentales.
La movilización se desarrolló por las calles del centro histórico de Quito hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, a pocos metros del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia y del Gobierno, hacia donde la Policía impidió que avanzaran los manifestantes, lo que derivó en forcejeos con vallas antidisturbios y el lanzamientos de algunos gases lacrimógenos.
La protesta, convocada por un numeroso conjunto de organizaciones sociales y sindicales, se hizo como una «contramarcha» a la movilización donde este mismo jueves Noboa concentró a miles de personas en la ciudad de Guayaquil para manifestarse a favor de la paz y la seguridad, un baño de masas del jefe de Estado similar al que tuvo semanas atrás en Quito para protestar contra la Corte Constitucional.
El máximo tribunal de garantías suspendió de manera cautelar varios artículos de una serie de leyes impulsadas por Noboa de manera exprés al calificarlas de «carácter económico urgente» pero que en su redacción legislan sobre aspectos de seguridad, entre otras materias.
Entre los artículos suspendidos de forma preliminar hasta que los jueces tomen una decisión definitiva está el que daba al jefe de Estado la prerrogativa de conceder «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por delitos en marco del «conflicto armado interno» que Noboa declaró desde inicios de 2024 contra el crimen organizado.
Asimismo, también quedaron de momento sin efecto varios artículos de la Ley de Inteligencia que permitían a los agentes adquirir identidades falsas así como requerir a las empresas telefónicas datos de los usuarios.
Frente a despidos en el sector público
Los colectivos ciudadanos y sociales también salieron nuevamente a levantar su voz de protesta contra los recortes de Noboa en el Gobierno, que contempla despedir a unos 5.000 funcionarios, así como contra el nuevo referéndum que quiere celebrar a finales de año, con propuestas como hacer que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de juicio político por parte del Parlamento.
«Esto no es pagado con la plata del Estado», cantaron durante varios momentos los participantes de esta «contramarcha» en respuesta a la movilización liderada por Noboa.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, señaló que «la Corte Constitucional tiene que dar a conocer a sentencia frente a la Ley de Integridad Pública, porque se está despidiendo a cientos de profesores y médicos».
Quishpe demandó que el pronunciamiento de la Corte salga antes de final de año «porque el Gobierno sabe muy bien que en diciembre miles de trabajadores públicos cesan sus contratos o nombramientos temporales».
Preguntado por la masiva marcha liderada por Noboa en Guayaquil, el líder del principal sindicato de docentes de Ecuador comentó que «se volvió a movilizar un Gobierno que utiliza los recursos del Estado y que chantajea a los servidores públicos que no tienen estabilidad laboral y que lo único que busca es asaltar la Corte Constitucional, sea a través del autoriatismo o a través de una consulta mañosa».
«Es un presidente que no le duele el país, mentiroso y autoritario», señaló Quishpe al anticipar que su sindicato hará campaña por el ‘No’.
«No al derroche, no a la incapacidad y no al autoriatirasmo. La consulta popular no va a resolver ninguno de los problemas en salud, seguridad o trabajo. Solo resolverá los intereses políticos de Noboa para tener un Estado autoritario y tomarse la Corte Constitucional», agregó.
Anticipan un «Parlamentos de los Pueblos»
Por su parte, la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Ercilia Castañeda, también exhortó a la Corte Constitucional a que esté alineada a la Constitución y a los convenios internacionales de los que Ecuador es parte.
«Nos sumamos a esta lucha social porque no podemos quedarnos de espectadores ante la grave crisis económica, política y social que vive», dijo Castañeda, quien anticipó que se constituirá un «Parlamento de los Pueblos» con el objetivo de construir un proyecto político entre distintos sectores.
