Bogotá, 3 jul (EFE).- El contrato para la fabricación de los pasaportes colombianos, que este jueves llevó a la renuncia de la canciller Laura Sarabia, se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno en un ministerio que históricamente había estado alejado de las intrigas políticas.
Las siguientes son las claves de la polémica que involucra a los tres cancilleres del actual Gobierno.
1. Contrato anulado
El 31 de julio de 2023, la Cancillería decidió «suspender el proceso de licitación pública» para la emisión de pasaportes y etiquetas de visado colombianas porque otras empresas interesadas alegaron que no hubo libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir dichos documentos, y declaró desierta la convocatoria ganada por esa compañía.
Tras esa decisión, la Procuraduría General (Ministerio Público), abrió una investigación el 12 de septiembre de ese año contra el canciller de entonces, Álvaro Leyva, y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación.
Veinte días después, Leyva afirmó que «se recurrió a la figura de urgencia manifiesta» para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hace «la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista» para evitar retrasos en la expedición de pasaportes.
2. Contraataque del fabricante
En vista de que tenía un contrato vigente con el Gobierno, Thomas Greg & Sons presentó en diciembre de 2023 una demanda contra la resolución que declaró desierta la licitación de los pasaportes y exige al Estado colombiano 107.507 millones de pesos (unos 27 millones de dólares de hoy).
El 29 de enero de 2025, la empresa informó que desistió de la demanda en vista de que los llamaron para seguir fabricando los pasaportes mientras se toma una decisión definitiva. El anuncio se hizo el mismo día en que Sarabia asumió como canciller.
3. El papel de Leyva
Como primer canciller de Petro, Álvaro Leyva impulsó la suspensión de la licitación de los pasaportes motivado, según versiones de la prensa, por el supuesto interés de Jorge Leyva, uno de sus hijos, en ese negocio.
La Procuraduría consideró que Leyva incurrió en dos faltas disciplinarias al declarar desierta la licitación de 2023 «sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal» y por «decretar la urgencia manifiesta» para prorrogar el contrato vigente «sin que, al parecer, existieran causales» para tal fin.
El 24 de enero de 2024, la Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses a Leyva del cargo de ministro y, en noviembre del mismo año, lo destituyó e inhabilitó por 10 años al considerar que sus decisiones sobre los pasaportes carecían «de fundamento legal».
De esta forma, Leyva, un veterano político conservador de 82 años que llegó al Gobierno como «el canciller de la paz», salió por la puerta de atrás y se convirtió en un crítico del presidente Gustavo Petro.
4. Acuerdo con Portugal
Para remplazar a Thomas Greg & Sons, el sucesor de Leyva, Luis Gilberto Murillo, firmó el 2 de octubre de 2024 un acuerdo de diez años con el Gobierno de Portugal para empezar a producir los nuevos pasaportes el próximo 1 de septiembre.
El socio colombiano en ese acuerdo es la Imprenta Nacional, una empresa estatal cuya capacidad técnica para producir pasaportes, documentos que requieren condiciones especiales de seguridad, ha sido puesta en duda por expertos.
5. La decisión de Sarabia
Como canciller, Sarabia anunció la semana pasada que a partir del 1 de septiembre se implementaría «una nueva etapa transitoria» en la expedición de pasaportes «mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad».
Eso implicaba una renovación por once meses del contrato con Thomas Greg & Sons, pero este miércoles el nuevo jefe de Gabinete de Petro, Alfredo Saade, desautorizó a Sarabia y anunció que el 1 de septiembre entrará en vigencia el nuevo convenio entre la Imprenta Nacional y Casa de la Moneda de Portugal.
Según Saade, la Presidencia garantiza «que la Imprenta Nacional está lista, lo que sucede es que han querido opacarla», y aseguró que el Gobierno «no ha firmado absolutamente nada solo con Thomas Greg & Sons» para prorrogar el contrato.
«En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar», manifestó Sarabia a Petro en su carta de renuncia.
6. La teoría conspiratoria
El pasado domingo el diario español El País reveló que Leyva buscó ayuda en círculos republicanos de Estados Unidos para tratar de sacar del poder a Petro, a quien ha acusado de manera reiterada de tener problemas de adicción a las drogas.
Petro vincula la supuesta conspiración de Leyva con su salida del Gobierno por la polémica de las pasaportes y con los intereses personales de su hijo Jorge.
«Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Thomas y Gregg (sic), por lo cual lo sancionó la Procuraduría; tampoco quise que su hijo ocupase la Cancillería o una embajada, como si la democracia fuera hereditaria», respondió el presidente.
