San José, 19 jun (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) informó este jueves que celebrará su 178 período ordinario de sesiones del 23 de junio al 4 de julio de 2025, en la que estudiará casos contra Argentina y Nicaragua en audiencias públicas.
El día 25 de junio los jueces escucharán sobre el caso Zambrano y Rodríguez contra el Estado de Argentina por la alegada responsabilidad internacional en la desaparición forzada y posterior ejecución de José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez.
Según indica la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los hechos habrían intervenido agentes estatales, específicamente miembros de la Policía de la Provincia de Mendoza. Asimismo, se indicó que las autoridades no emprendieron una investigación de manera diligente, por lo que, hasta la fecha, no se ha esclarecido lo ocurrido.
Posteriormente, el 26 y 27 de junio será realizado el caso Puracal contra el Estado de Nicaragua por la supuesta detención ilegal y arbitraria del ciudadano estadounidense Jason Puracal, su privación de libertad en condiciones carcelarias que constituyeron tratos crueles, inhumanos o degradantes y su sometimiento a un proceso penal violatorio del debido proceso como consecuencia del cual fue deportado de Nicaragua.
Además, el 27 de junio, la Corte recibirá el caso Chavarría Morales contra Nicaragua, cuyos hechos se relacionan a la aparente responsabilidad internacional por las agresiones a la integridad personal e imposibilidad de acceder a la justicia, en perjuicio de Jaime Antonio Chavarría Morales y los miembros de su familia, en el marco del proceso de la verificación de datos realizado en el 2008 en Nicaragua para el proceso electoral municipal de noviembre de 2008.
Según la demanda de la CIDH, Chavarría y sus familiares sufrieron diversos actos de violencia y amenazas en su contra, con especial preocupación porque dentro de dichos actos se involucraron a menores de edad.
También se alega la falta de diligencia en la conducción de las acciones en el proceso penal y la falta de garantía del plazo razonable por la demora, debido al transcurso de más 14 años de la ocurrencia de los hechos, sin que se realizara una investigación completa y efectiva.
