Quito, 20 jun (EFE).- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador salió este viernes en defensa de los jueces y magistrados del país andino después de los señalamientos del ministro de Interior, John Reimberg, quien ha iniciado una cruzada contra los operadores de justicia, a los que señala públicamente por liberar presuntos delincuentes que -a su criterio- deberían estar en la cárcel.
«En atención al debate público suscitado en los últimos días con respecto a las actuaciones de algunos jueces, reafirmamos el compromiso con el respecto irrestricto a las competencias que la Constitución y la ley asignan a cada una de las instituciones que conforman el Estado», dijo la Corte en un comunicado este viernes.
No obstante, el tribunal supremo ecuatoriano matizó que «el principio de colaboración no puede traducirse en permisividad frente a la distorsión de los hechos», al explicar la necesidad de garantizar «el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia».
La Corte Nacional se refirió así a lo acontecido este jueves después de que Reimberg cumpliera su promesa de destapar con nombres y apellidos a quienes, en su opinión, no cumplen con enviar a la cárcel a presuntos criminales que detiene la Policía Nacional.
En concreto, el ministro se refirió a un caso en el que la Justicia revocó la prisión provisional para tres detenidos por extorsionar a un hombre al que le exigían 28.000 dólares. Según explicó el ministro, en la red social X, el fiscal, Nicolás Pulencio, alegó «enfermedad» de los investigados para favorecer su condición.
Al único al que se le mantuvo el arresto provisional, según Reimberg, fue al presunto «cabecilla del grupo»; aunque advirtió que «este sujeto» podría también «salir con medidas sustitutivas» si las autoridades judiciales utilizan las mismas fórmulas.
En su escrito, la Corte reconoció que el sistema judicial ecuatoriano enfrenta «importantes desafíos», pero argumentó que dichos procesos de mejora deben darse en el marco de la independencia judicial.
«La difusión de información imprecisa para deslegitimar a los operadores de justicia no solo vulnera los principios individuales, sino que, además, socava las bases más elementales del Estado de Derecho y amenaza la estabilidad institucional», expuso la Corte.
La Fiscalía también se posicionó
Al respecto, el Ministerio Público de Ecuador también emitió un comunicado en el que argumentó que el fiscal señalado, Nicolás Pulencio, se había inhibido del caso por «enemistad manifiesta» con la defensa del proceso y había sido reemplazado un minuto antes de la instalación del juicio.
«La audiencia del juicio y revisión de medidas cautelares en la causa mencionada había sido señalada para el 19 de junio a las 15:30. Sin embargo, al haberse ejecutado el sorteo del nuevo fiscal un minuto antes del inicio previsto (…) la diligencia fue declara diferida», señaló el escrito, que concluyó con la solicitud de la opinión pública a «actuar con responsabilidad» frente a la información difundida.
Las acusaciones del ministro se producen en mitad de una profunda crisis de seguridad en Ecuador, con un crecimiento disparado de extorsiones, robos y asesinatos que han conducido al país a situarse a la cabeza del número de homicidios en Latinoamérica.