Madrid, 5 jun (EFE).- La crispación política y los duros cruces de acusaciones entre el Gobierno y el PP ensombrecen la Conferencia de Presidentes de Barcelona y alejan la posibilidad de acuerdo alguno, máxime a 48 horas de la manifestación convocada por el principal partido de la oposición contra Pedro Sánchez.
Los presidentes autonómicos del PP viajarán a Barcelona con un programa de máximos, en el que, entre otras medidas, exigirán al Gobierno derogar la ley de vivienda, prolongar la vida de las nucleares y anular los acuerdos singulares con Cataluña en materia de financiación o migraciones.
Este jueves, el conseller de la Presidencia del Gobierno catalán, Albert Dalmau, ha pedido a los populares que no vayan «a reventarlo todo» y ha abogado por un tono constructivo, pero ni las llamadas al diálogo ni los prolegómenos de la reunión, con los barones del PP amagando con plantarse si no se aceptaba su orden del día, permiten albergar esperanzas de que la XXVIII cumbre autonómica acabe con acuerdos.
Nuevo frente, las lenguas
En el pleno de la Asamblea regional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto un nuevo frente y ha avanzado que si no le hablan en español en la conferencia, se saldrá y ha criticado que se esté usando el catalán para «hacer provincianismo».
La posibilidad de usar las lenguas cooficiales es una novedad de la conferencia de Barcelona, tras solicitarlo los Gobiernos catalán y vasco, según señaló esta semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Ayuso ha indicado que viaja a Barcelona por coherencia, ya que han pedido muchas veces que se reúna la conferencia; para escuchar al resto de presidentes, por «no desairar a los catalanes» y para señalar a toda la «mafia» del Gobierno y sus «golfadas».
El difícil pacto en vivienda
El Ejecutivo central no tira la toalla y este miércoles Sánchez envió una carta a los presidentes autonómicos para plantearles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030.
Propone medidas como triplicar la inversión pública, hasta casi 7.000 millones de euros -el Gobierno aportaría 4.000 (un 60 %) siempre y cuando lo ejecutivos autonómicos aportaran al menos 2.700 millones; blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública, y acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados dando más transparencia el sistema.
Pero sin entrar en los detalles de la propuesta, el PP criticó que recurriera a anuncios sobre vivienda cuando «más cercado está por la corrupción» y consideró que no tiene credibilidad para liderar ningún pacto nacional.
Entrevistada en TVE, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha estimado que es difícil decir no a la oferta del Gobierno y ha precisado que no va dirigida al PP, del que asegura esperar muy poco, sino a los gobiernos autonómicos, que son los competentes en la materia y se deben a sus territorios y ciudadanos.
La sombra de la financiación singular para Cataluña
Inevitablemente sobre la conferencia planeará el acuerdo del Gobierno con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular, propuesta prometida para antes de fin de julio, y sobre la que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que no tiene inconveniente en hablar.
Frente a esa singularidad, los populares exigirán abordar ya la reforma del modelo de financiación, de forma conjunta, y también el presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Page, ha dejado claro este jueves que su objetivo es que se blinde el concepto de igualdad entre todos los españoles.
Como hicieron en la última Conferencia de Presidentes, cuando Sánchez lo planteó, los populares volverán a rechazar la condonación de la deuda autonómica.
La inmigración, otro escenario de confrontación
Como ya hicieron hace seis meses ante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, Canarias y Euskadi han decidido unir fuerzas para que en Barcelona se aborde el drama migratorio.
El presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, defenderán la necesidad de un plan integral y estructural de política migratoria para dar a este fenómeno estructural una respuesta «coordinada, humanitaria y sostenible».
Pero el asunto tiene difícil acuerdo cuando hasta cuatro comunidades del PP -Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura- han recurrido ante el Constitucional el real decreto para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde regiones saturadas, como Canarias.
Los presidentes del PP quieren que en la conferencia se reconozca la competencia exclusiva del Estado en materia de control fronterizo e inmigración, un rechazo claro al acuerdo del Gobierno con Junts para compartir con Cataluña las competencias en la gestión migratoria.
