Ciudad de Panamá, 10 jun (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Panamá dijo este martes que la Policía Nacional (PN) se excedió en el uso de gas lacrimógeno para dispersar una protesta en la comunidad indígena de Arimae, que se tornó en una batalla campal que se extendió varias horas y dejó varios heridos en ambos bandos.
Tras una visita de dos días a Arimae, localidad de la provincia de Darién situada a unos 200 kilómetros de la capital panameña, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, informó este martes que «se evidenció el uso excesivo de gases lacrimógenos en la comunidad, lo cual ha dejado varias afectaciones entre la población».
El enfrentamiento tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando la Policía llegó para despejar un tramo de la carretera Panamericana – que atraviesa todo el país – frente a la comunidad de Arimae, cuyos habitantes habían bloqueado con troncos de árboles en rechazo a una reforma de la seguridad social ya vigente.
La Policía enfrentó la protesta tanto en la carretera nacional como en la comunidad con gases lacrimógenos y perdigones, mientras que los manifestantes despacharon piedras, palos, flechas y disponían de bombas molotov, según pudo ver EFE.
Al menos dos manifestantes resultaron heridos en el cuerpo por perdigones, como constató EFE, mientras que tres agentes policiales quedaron lesionados, uno de ellos con un corte de machete en sus manos, de acuerdo con la información oficial.
Leblanc recomendó este martes a los agentes de la seguridad del Estado «evitar ingresar a las comunidades si las vías ya han sido despejadas».
También pidió a la población «atender y verificar las informaciones de medios de comunicación social formales sobre personas fallecidas o heridas, para evitar ser víctima de la desinformación, lo cual puede ser un vehículo para detonar el descontento en la comunidad que podría devenir en actos de la violencia y enfrentamientos».
La Defensoría precisó que a la visita a Arimae se sumó personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que emitirá, en una fecha no precisada, «un informe con los hallazgos y testimonios de la comunidad y de las autoridades».
Grupos indígenas rechazan la nueva ley del seguro social porque reduce al «30 % del salario» la jubilación y obliga a los independientes a cotizar, según explicó a EFE el pasado 5 de junio el cacique de la tierra colectiva Emberá Wounaan, Gabriel Minguisamá.
El Gobierno acusa una campaña de «mentiras» contra la reforma y descarta derogarla porque, aunque fue modificada por el Parlamento y dista mucho de su propuesta, mejora las prestaciones del sistema y resuelve la crisis financiera que situó a uno de sus dos subsistemas de pensiones al borde de la quiebra.
