Bogotá, 7 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este martes que más de 600 municipios del país tienen distintos niveles de riesgo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la ‘Alerta Temprana Electoral 2025-2026’, un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial de la institución en los más de 1.100 municipios del país.
El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.
Para explicar los distintos niveles de atención, Marín utilizó una metáfora médica: «Hay municipios en cuidados intensivos que se pueden salvar con una acción institucional también intensiva; otros deben ir a urgencias, a citas prioritarias o a controles mensuales, pero ninguno puede desatenderse», afirmó.
Las alertas tempranas son el principal instrumento de prevención y advertencia temprana de la Defensoría del Pueblo para evitar que los conflictos armados, el crimen organizado o la violencia política deriven en violaciones de derechos humanos.
«Esta alerta no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción», dijo Marín durante la presentación, en la que enfatizó que la coordinación oportuna de las instituciones del Estado puede «salvar municipios en cuidados intensivos» y garantizar unas elecciones libres y en paz.
Mayor atención en el suroeste
El suroeste, que abarca los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, «es la subregión más crítica del país» pues concentra el 24 % de los municipios con necesidad de intervención inmediata, seguido del noroeste (Antioquia, Córdoba y Chocó) y el Catatumbo, en Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Entre los principales actores armados que inciden en esas regiones figuran las disidencias de las FARC —incluido el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia—, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otros grupos de crimen organizado.
La alerta, emitida seis meses antes de lo habitual, incluyó 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado, centradas en la prevención y la protección con enfoque de derechos humanos.
Entre ellas pidió al Ministerio del Interior mejorar la coordinación institucional, al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad en las zonas rurales de mayor riesgo, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) priorizar la seguridad de candidatos, periodistas y firmantes de paz.
Plan Democracia y presencia institucional
En la presentación del informe estuvo presente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien dijo el lunes que el Gobierno activará el Plan Democracia para custodiar las actividades políticas del proceso electoral de 2026 con un despliegue de 20.000 integrantes del Ejército y la Policía.
El titular de Interior, Armando Benedetti, advirtió ayer de que existen riesgos electorales en 104 municipios, principalmente en zonas cocaleras y con presencia de grupos armados como el Catatumbo, el Cauca, Nariño y el Chocó.
Benedetti criticó sin embargo los estudios de la Defensoría del Pueblo y otros organismo de los que dijo que «hacen mapas de riesgo basados en las denuncias y no en la presencia de grupos armados».
«La Defensoría se equivoca mucho, parece que hubiera un interés; a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país», añadió el ministro, quien aseguró que las autoridades evalúan mecanismos para mejorar la coordinación institucional.
Diferentes partidos políticos de Colombia han expresado preocupación porque el clima electoral se ha enrarecido por el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá.
