Lima, 3 sep (EFE).- La Defensoría del Pueblo saludó este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la excarcelación de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo en 2022, y rechazó la actuación de la Fiscalía al presuntamente abusar de la prisión preventiva.
En un comunicado, la Defensoría dijo haber evidenciado una «insuficiente diligencia jurisdiccional», pues el Poder Judicial ha reducido su rol a una actuación meramente formal frente a los requerimientos del Ministerio Público.
«Ello ha generado restricciones indebidas a la libertad personal», anotó la Defensoría al hacer mención al caso de Chávez.
Las detenciones preventivas son de carácter excepcional y deben ser utilizadas como última ratio, motivo por el cual resulta inaceptable que, en un estado constitucional de derecho, exista una preferencia recurrente por la Fiscalía hacia el pedido reiterado de esta medida, indicó el comunicado.
Añadió que resulta «alarmante» que las prisiones lleguen a prolongarse sin mayor análisis e, inclusive, hasta fuera de los plazos establecidos por ley, conforme se ha dado en el caso de Chávez.
Por ese motivo, la Defensoría señaló que corresponde que el Congreso evalúe la discusión de una ley que establezca responsabilidades, más allá del plano administrativo, para los operadores del sistema de justicia que vulneren derechos fundamentales.
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Chávez, que pedía su salida de prisión, al argumentar que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido el periodo inicial en diciembre de 2024, sin que la ex primera ministra fuese puesta en libertad.
La sentencia del TC dispone que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia tiene que emitir la resolución de excarcelación de la beneficiaria y dictar las medidas necesarias para asegurar la presencia de la investigada en el juicio que se celebra desde marzo por el intento de golpe de Estado de Castillo, por el que la Fiscalía pide 25 años de prisión para Chávez.
Al haberse vencido el plazo inicial de la prisión provisional por 18 meses, el Tribunal concluyó que correspondía ordenar la liberación o emitir la correspondiente resolución para que siguiese privada de libertad.
Uno de sus abogados, Raúl Noblecilla, celebró la medida dispuesta a favor de la ex primera ministra, que este lunes fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de la capital.
«Justicia y libertad. El secuestro político de nuestra compañera Betssy Chávez llegó a su fin. Hoy conquista su justa libertad, símbolo de la resistencia frente a la dictadura. El pueblo la necesita junto a nuestro presidente Pedro Castillo: unidad para recuperar la democracia», indicó Noblecilla en la red social X.
Chávez, de 36 años, inició una nueva huelga de huelga de hambre seca hace 12 días desde la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, y este lunes fue trasladada a un centro hospitalario «por indicación médica y como medida de prevención», informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
