Lima, 29 abr (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú pidió a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que implemente traductores y servicios en las lenguas indígenas asháninka y matsigenka para garantizar el acceso a la Justicia a los pobladores de las comunidades nativas que residen en esta zona, informó este martes esa entidad.
La oficina de la Defensoría en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que comprende a varias regiones de la sierra y selva sur peruana, sostiene que es “fundamental” que se cuente con traductores, de modo que se evite situaciones de discriminación o falta de comprensión de las resoluciones o dictámenes que emiten los juzgados en esta jurisdicción con extensa población indígena.
La solicitud planteada por la Defensoría responde al caso de una mujer asháninka que acudió al juzgado civil de Ayna, en Ayacucho, junto a su esposo, y que no recibió el apoyo de un traductor en su idioma nativo para que le explique las diligencias correspondientes a su proceso.
La sede de la Defensoría del Pueblo en el Vraem exhortó al juzgado civil de Ayna San Francisco a adoptar las acciones necesarias para brindar una atención con enfoque intercultural a las personas provenientes de comunidades nativas, indicó en una nota de prensa.
Sin embargo, el juzgado respondió que solo contaban con traductor del idioma quechua y que el demandante tenía conocimiento del idioma castellano.
En tal sentido, la Defensoría hizo mención a que la Constitución reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, estableciéndose que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma o lengua ante cualquier autoridad mediante un intérprete.
De la misma forma, reiteró que el Poder Judicial inició en 2016 la implementación de la Ley 29735, norma que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias de Perú, con la creación de un módulo web denominado ‘Servicio de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias del Poder Judicial’ con la finalidad de favorecer una justicia bilingüe en aquellos procesos donde participen ciudadanos con lenguas distintas al idioma castellano.
De acuerdo a información del Ministerio de Cultura, basada en el censo nacional de 2017, más de 73.000 personas hablan la lengua asháninka y cerca de 19.000 hablan la lengua matsigenka a nivel nacional.
