Madrid, 22 sep (EFE).- La proposición de ley para delegar a Cataluña las competencias en inmigración, pactada entre el PSOE y Junts, llega al pleno del Congreso condenada al fracaso, ante el anunciado rechazo de PP, Vox y Podemos, y ha abierto además grietas en el grupo parlamentario de Sumar.
Fuentes de este grupo reconocen que existe un importante debate interno en torno a una norma que sus antiguos compañeros de Podemos califican sin tapujos de racista.
Los diputados de Izquierda Unida y de Compromis no ocultan sus dudas y no desvelarán su voto hasta este martes, aunque Sumar confía en alcanzar una posición de consenso.
En una reunión con los parlamentarios de Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que son un «grupo plurinacional» y tienen que entender mejor que nadie la descentralización, convencidos de que cuando más cerca de los ciudadanos estén las competencias, mejor se pueden gestionar.
Horas antes, en rueda de prensa, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido ser rigurosos y ha asegurado que, tras leer la proposición en profundidad, no ve ningún artículo con contenido racista, sino una ley «estrictamente competencial».
Sin embargo, fuentes de Sumar reconocen en privado que no les gusta la exposicion de motivos de la iniciativa, un texto en el que, denuncia Podemos, se habla de la inmigración como un riesgo para la convivencia.
La imposible mayoría absoluta
La toma en consideración de la iniciativa este martes exige mayoría simple, pero aunque se superara ese trámite, la negativa de Podemos hace imposible la mayoría absoluta que requiere la aprobación final de la reforma.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha cargado este lunes contra el secretario general de Junts, Jordi Turull, que les acusó de anticatalanismo, y ha considerado que esa crítica es una «absoluta gilipollez», porque su partido siempre ha apoyado el autogobierno catalán.
Podemos mantiene su ‘no’ a una delegación de competencias con la que, a su juicio, Junts solo intenta avanzar «en su agenda racista en competencia directa con Aliança catalana».
Gobierno y ERC rechazan las acusaciones de racismo
Ni los socialistas catalanes ni el Gobierno perciben ese componente racista.
En declaraciones a los periodistas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que, como persona «profundamente antirracista», está «absolutamente cómoda» con el pacto que cerraron el PSOE y Junts «dentro del marco constitucional».
En su opinión, es «muy positivo» que una comunidad autónoma dé un paso adelante y asuma una responsabilidad con esta complejidad.
En la misma línea, Desde Barcelona, el vicesecretario general de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha afirmado este lunes que Podemos «se equivoca», ya que un partido «confederalista» no puede estar en contra de que Cataluña gestione más competencias.
La relación PSOE-Junts, de nuevo a prueba
Las tramitación de la proposición de ley pone de nuevo a prueba las difíciles relaciones del PSOE con Junts, pero la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha querido dejar claro este lunes que a su partido se le puede hacer responsable de sus acuerdos, pero no de lo que vayan a votar otros partidos.
«Tenemos respeto absoluto por las mayorías en el Congreso y cada partido elige lo que vota o lo que no vota. Veremos cómo va esa votación y si se ha de recuperar algún aspecto o no, ya lo analizaremos más adelante», ha señalado en rueda de prensa en la sede de Ferraz.
Para Vox, que ha pedido que el asunto se elimine del orden del día del pleno, la delegación a Cataluña de competencias estatales en inmigración es una exigencia del «delincuente de Puigdemont y sus acólitos» a Sánchez a cambio de «no dejarle caer», según ha denunciado este lunes su portavoz, José Antonio Fúster.
Ha aventurado además que el PP «endurecerá» en el debate del pleno su discurso sobre inmigración en un intento de frenar la «hemorragia» de votos hacia Vox.
