La desaprobación a la presidenta de Perú llega al 93,8 %, a diez meses del cambio de Gobierno

Lima, 22 sep (EFE).- La desaprobación a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó al 93,8 %, mientras que la del Congreso alcanzó el 94,4 %, cuando faltan diez meses para que se produzca el cambio de Gobierno en el país andino, señaló un sondeo publicado este lunes por la emisora RPP.

La encuesta, realizada por la empresa privada CPI, indicó que Boluarte, que es considerada la gobernante con la popularidad más baja de Latinoamérica, cuenta actualmente con una aprobación nacional de solo el 2,5 %, un valor que está dentro del margen de error del sondeo.

La información detalló que la desaprobación a la mandataria, quien debe entregar el mando el 28 de julio del próximo año, alcanzó un 95,3 % en Lima y la provincia anexa del Callao, mientras que en los otros departamentos del país tuvo un promedio del 92,8 %.

Además del 2,5 % que sí aprobó su gestión al frente de la jefatura de Estado, el 3,8 % de los encuestados no precisó una respuesta.

El sondeo de CPI también señaló que el 94,4 % de los peruanos desaprobó la gestión del Congreso y tan solo el 1,8 % de la ciudadanía aprobó su desempeño.

En Lima y Callao esa desaprobación hacia el Legislativo escaló al 96 %, mientras que en las otras regiones del país llegó al 93,4 %, con un mayor rechazo en la costa sur, donde se ubicó en el 97,2 %.

Al detallar la aprobación del 1,8 % a nivel nacional, el sondeo precisó que esta solo alcanzó un 0,8 % en Lima y Callao, mientras que en los otros departamentos se ubicó en el 2,4 %.

Según la ficha técnica publicada por la encuestadora, el sondeo se realizó entre los pasados 11 y 17 de septiembre a 1.200 personas de todo el país, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,8 %.

Boluarte ha mantenido una alta impopularidad desde el inicio de su mandato, que asumió el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución por el Congreso de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, luego de que aquel protagonizara un fallido intento de golpe de Estado, al dar un mensaje a la nación donde anunciaba la disolución del Congreso, la intervención de la Judicatura y un gobierno a través de decretos.

Esa crisis política desencadenó en protestas en todo el país, sobre todo en las regiones del sur, que se prolongaron durante casi tres meses y dejaron casi medio centenar de personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Además del de estos sucesos, la Fiscalía le ha abierto a la mandataria diversas investigaciones por casos como el uso de joyas y relojes de lujo no declarados, haberse sometido a cirugías estéticas sin informar al Congreso y la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, con el que llegó al Gobierno junto a Castillo y en el que militó hasta 2022.

La labor del Congreso, controlado por un grupo de fuerzas conservadoras, es rechazada por gran parte de la ciudadanía, que considera que mantiene un «pacto tácito» con el Gobierno para mantener sus cargos, realizar grandes gastos innecesarios y no promulgar leyes efectivas para el combate de problemas fundamentales como el embate del crimen organizado o la minería ilegal.