Barcelona, 25 jun (EFE).- La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) reclama una campaña institucional para informar sobre el derecho a la eutanasia, así como más formación para los profesionales sanitarios y agilizar los plazos de la prestación.
Así lo ha explicado este miércoles en una atención a los medios la presidenta de la organización en Cataluña, Cristina Vallès, que ha indicado que la eutanasia «se está consolidando como un derecho sanitario dentro del sistema público catalán» cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).
Sin embargo, Vallès ha asegurado que existen factores a mejorar para una aplicación efectiva de la LORE, como que se refuerce la figura del referente, que la ciudadanía conozca la información de la medida o que se establezcan protocolos claros sobre cómo actuar en centros públicos y privados.
Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta 2024 se llevaron a cabo en toda España un total de 1.034 eutanasias, lo que supone el 42 % de las 2.475 solicitudes de la prestación de la ayuda que se habían presentado hasta entonces.
En Cataluña, la comunidad autónoma donde se practican más eutanasias, se llevaron a cabo 142 prestaciones en 2024, frente a las 358 registradas, con un tiempo medio de resolución de 63 días; en España fueron 427 el año pasado, frente a las 960 registradas.
La asociación ha detallado que a una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia se les deniega la prestación de ayuda para morir, y otra cuarta parte de los interesados fallece durante su tramitación.
Agilizar la resolución
Por este motivo, la asociación pide que se agilicen los plazos de la prestación para que la resolución «no tarde más de 30 días», ya que en la actualidad la media es de 7 semanas (49 días), un plazo que, según la entidad, es «inasumible» para personas en situación terminal.
Asimismo, la entidad exige reducir la desigualdad entre territorios y mejorar la calidad de los datos sobre la eutanasia, ya que ha constatado que existe una descompensación en la aplicación de la ley dependiendo de cada comunidad autónoma.
La asociación también ha solicitado que el registro de objetores de conciencia sea accesible para los centros, que todo el personal sanitario reciba formación anual sobre el derecho a la eutanasia, que se impulse el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) y que se elimine el estigma de las enfermedades mentales.
En paralelo, Lucas Barrero, uno de los testimonios que ha explicado su experiencia, ha compartido que su madre padecía desde hacía años atrofia multisistémica, una enfermedad rara que no tiene cura, por lo que sentía «un sufrimiento constante día tras día».
Ha lamentado que, debido a los «obstáculos y cuestionamientos» que se encontraron en el proceso de solicitud de la eutanasia, durante los últimos años de vida de su madre él estuvo luchando para que pudiera acceder a la muerte asistida que deseaba.
Judicialización de la eutanasia
Por su parte, el jurista y miembro de la asociación, Ramon Riu, ha asegurado que es excepcional la judicialización de solicitudes de eutanasia: «La ley se ha aplicado en más de 1.300 casos y solo 4 han sido impugnados judicialmente por la oposición de familiares o personas cercanas», ha señalado.
En referencia a los dos casos más mediáticos, los de Noelia y Francesc, ambos recurridos por sus padres ante los tribunales en contra de su decisión de recibir la prestación, Riu ha lamentado que estos procesos se encuentren paralizados y que los afectados sigan «sufriendo un dolor grave e irreversible y se les obligue a vivir en contra de su voluntad».
Por ello, ha indicado que se está estudiando la posibilidad de impulsar una reforma de la ley procesal para que los recursos deban resolverse y tramitarse en plazos «muy breves».
