Rafael Martínez
Madrid, 14 jun (EFE).- El caso Koldo estalló en febrero de 2024 para investigar supuestos contratos irregulares de mascarillas en plena pandemia, con epicentro en el Ministerio de Transportes, pero ahora se extiende a las presuntas ‘mordidas’ por adjudicaciones de obra pública, con los dos últimos secretarios de organización del PSOE implicados.
Por el camino han aparecido otras cuestiones llamativas aunque menores como los contratos en empresas públicas de cuatro mujeres relacionadas personal o sentimentalmente con el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, que fueron ‘colocadas’ durante unos años en empresas dependientes del Ministerio de Transportes.
O las casas, chalets y pisos que fueron sufragados por algunos de los implicados en la trama y que beneficiaron a Jessica Rodríguez, ex pareja del exministro y al propio Ábalos, que el juez de Supremo investiga para saber quiénes pagaron y de dónde salió ese dinero.
Incluso otros asuntos como la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020, y el rescate de Air Europa, han orbitado en la investigación sin llegar a irrumpir en ella.
No obstante, nada tiene la envergadura de los dos principales pilares de la instrucción, los contratos de mascarillas y las adjudicaciones de las obras públicas, tanto por volumen de dinero manejado como por las implicaciones que afectan no solo a empresas sino particularmente al PSOE, con sus dos últimos secretarios de organización en el ojo del huracán, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El origen de todo: los contratos de mascarillas
La Justicia trata de desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones de contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por entes públicos, la mayoría dependientes de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión por unos 54 millones de euros.
Según la tesis de los investigadores, la elección de esta sociedad habría partido, antes incluso de publicarse las ofertas, del Ministerio que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, y tanto el exministro como su exasesor habrían cobrado por mediar en las adjudicaciones.
Las sospechas apuntan a que esta mercantil fue una sociedad instrumental en un negocio entre el empresario y presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama y su socio Juan Carlos Cueto, quienes se habrían embolsado millones de euros.
La confesión de Aldama que da pie a investigar la obra pública
El caso dio un giro el 21 de noviembre de 2024 cuando, tras un mes encerrado en prisión por un presunto fraude de hidrocarburos, Aldama decidió hablar ante el juez para dar cuenta de una trama de comisiones a altos cargos. Del silencio durante meses a la colaboración con la justicia, Aldama salió ese mismo día de prisión.
Admitió haber cobrado unos 5,5 millones en comisiones, pero también apuntó contra Koldo y Ábalos, y extendió sus acusaciones al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, al ministro Ángel Víctor Torres y a Santos Cerdán, de quien dijo que le entregó un sobre con 15.000 euros por la licitación de una constructora. Aquí comienza a originarse la segunda gran investigación, la obra pública.
Para ello, Aldama aportó ya al juez del Supremo dos documentos; un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con supuestas obras públicas preadjudicadas, y un pantallazo para probar presuntos amaños, con una nota manuscrita. El magistrado ordenó a la UCO investigar las pruebas de Aldama y las conexiones con Santos Cerdán.
El informe de Santos Cerdán que lo cambia todo
Desde este jueves el caso ha entrado en otra dimensión con el último informe de la UCO, que da cuenta de una trama que supuestamente formaban Koldo, Ábalos y Cerdán para el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación de obra pública a partir, especialmente, de ocho grabaciones en cuatro años (2019-2023) que realizó Koldo al exministro y al exsecretario de Organización del PSOE que «permite dibujar un cuadro indiciario de enorme potencia incriminatoria».
Pero el martes ya hubo un anticipo con los registros efectuados en el domicilio del exministro en Valencia en busca de contratos de obras así como en la constructora Servinabar en Pamplona (Navarra), además de otros en Granada y en Bizkaia, vinculados con el caso.
Todos vinieron motivados por el informe de la UCO que revela que sus conversaciones discurrían siempre por «la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública» siendo Santos Cerdán quien se encargaba presuntamente de «gestionar el monto y los pagos».
Las consecuencias han sido enormes. Cerdán ha dimitido de sus cargos en el PSOE y como diputado, Pedro Sánchez ha pedido perdón a los ciudadanos, y el magistrado ya ve indicios de organización criminal y cohecho contra Cerdán, los mismos delitos que atribuye a Ábalos y Koldo, a quienes ademas imputa trafico de influencias. Los próximos 24 y 25 de junio están citados en el Supremo. EFE
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