Barcelona, 29 sep (EFE).- La exdirectora del CNI Paz Esteban ha esgrimido este lunes ante la jueza su obligación legal de no declarar sobre el supuesto espionaje a los móviles de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, por tratarse de información reservada protegida por la ley de secretos oficiales.
Según han informado fuentes jurídicas, Esteban ha comparecido hoy, por videoconferencia y asistida por cuatro abogados del Estado, ante la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona que investiga la querella que presentaron Jové y Riba por los ataques a sus móviles con el software Pegasus, entre los años 2019 y 2020.
Es la segunda vez que la exdirectora del CNI es citada como investigada ante un juez en relación con el caso del espionaje masivo con Pegasus al independentismo que destapó el laboratorio canadiense Citizen Lab: lo fue ya en enero del año pasado, a raíz de la querella que presentó el expresidente catalán Pere Aragonès por los ataques a su móvil.
Deber de no declarar
Como en esa ocasión, la exdirectora del CNI ha guardado hoy silencio ante la jueza, en una comparecencia en la que ha invocado no el derecho a no declarar que asiste a cualquier imputado sino su deber de no hacerlo por afectar a informaciones reservadas.
Esteban, que fue destituida como directora del CNI a raíz del escándalo del espionaje masivo al independentismo, permanece investigada en otras cuatro causas abiertas en juzgados de Barcelona a raíz de las querellas presentadas por Aragonès, el exeurodiputado Jordi Solé, Andreu Van den Eynde -abogado de Oriol Junqueras- y un grupo de empresarios que, además de a los servicios secretos, acusan de los ataques con Pegasus a la Guardia Civil.
En la causa que ha motivado la declaración de Esteban de este lunes, la jueza indaga el espionaje a Josep Maria Jové, presidente del grupo de ERC en el Parlament y una de las figuras claves del partido republicano, y a la europarlamentaria republicana Diana Riba, esposa del exconseller Raül Romeva.
En su querella, Jové detalló que tiene acreditados dos ataques con el software Pegasus a sus dos móviles en 2019 y 2020, mientras mantenía importantes negociaciones políticas, entre ellas las de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el marco de esta causa, la jueza instructora pidió al Consejo de Ministros que desclasificara la información relativa a la infección con Pegasus a los móviles de Jové y Riba, a lo que el Gobierno contestó que no constaba que los servicios secretos espiaran a estos dos diputados republicanos.
Misma infraestructura que en el caso de Aragonès
Según apuntan fuentes jurídicas, Estaban podría haber declarado únicamente en relación con esa información desclasificada por el Gobierno, pero sin aportar nada más allá de lo que el Consejo de Ministros ya contestó a la jueza: que ni Jové ni Riba fueron espiados por el CNI.
Caso distinto fue el de Aragonès. El Consejo de Ministros remitió al juez instructor el auto del magistrado del Supremo encargado del control de CNI que avaló el espionaje del móvil del expresident de julio de 2019 a marzo de 2020, aunque una pericial de los Mossos concluyó que tuvo el teléfono infectado durante cerca de un año más.
La Audiencia de Barcelona ordenó citar a declarar a Esteban por el espionaje a Jové y Riba, ante los indicios de que sus teléfonos fueron atacados con «la misma infraestructura informática» que se utilizó para espiar móviles con autorización del Tribunal Supremo, como es el caso de Aragonès.
