Madrid, 25 jul (EFE).- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) valora positivamente el anteproyecto de ley de información clasificada, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, aunque está de acuerdo con la Asociación de Periodistas de Investigación (API) en que algunos de sus planteamientos pueden ser un riesgo para la información.
«Sin periodismo no hay democracia y el derecho a la información del ciudadano al que nos debemos los periodistas es imprescindible para la democracia», ha reseñado este viernes la FAPE en un comunicado, para acto seguido respaldar el comunicado de la Asociación de Periodistas de Investigación de España (API).
En ese manifiesto API manifiesta que si bien valora que esta nueva norma suponga una actualización de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, considera que algunos de sus planteamientos pueden suponer un «riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz».
Considera también que uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves.
A pesar -indican- de que esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de «materia clasificada».
La Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como «secreta». Aunque dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal.
Según la API, el nuevo enfoque administrativo, «con sanciones económicas de gran envergadura», podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica.
«Nos preocupa la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones», subrayan, lo que significa que este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando «debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público» frente a la protección de información clasificada.
Y advierten que la libertad de información, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, no puede quedar supeditada a criterios discrecionales ni a una interpretación ambigua del interés nacional.
Otra de las cuestiones que genera especial inquietud en la Asociación de Periodistas de Investigación es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno para decidir qué información se considera clasificada.
Según el texto planteado, el sistema se estructura en cuatro niveles —alto secreto, secreto, confidencial y restringido— y es el Ejecutivo quien, en la mayoría de los casos, determina qué documentos u operaciones quedan protegidos bajo estas categorías.
«Esta concentración de poder en manos del Gobierno para calificar la información, sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control, plantea serios riesgos para la transparencia institucional», aseveran.
Además, remarcan que la posibilidad de que se utilice la clasificación como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público representa una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente.
Razones por las que API, reclama al Gobierno y al Parlamento una revisión en profundidad del texto durante su tramitación legislativa.
