Madrid, 5 jun (EFE).- La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha pedido el sobreseimiento de la causa del Tribunal Supremo en su contra, al entender que no hay «indicios sólidos de responsabilidad penal» y que solo siguió las órdenes del fiscal general del Estado «con absoluto apego a la legalidad».
Como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez está siendo investigada en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en relación a la filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
En un escrito, su defensa pide al juez Ángel Hurtado el sobreseimiento libre o provisional de la causa en su contra y señala que el secreto de esas comunicaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador se rompió cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, las divulgó.
La fiscal jefe, argumenta su representante, únicamente atendió las órdenes del fiscal general «dentro de sus competencias y obligaciones, con absoluto apego a la legalidad aplicable». Y destacan que es lo habitual en las relaciones jerárquicas de la carrera fiscal, como recoge además el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El escrito repasa las actuaciones de la fiscal jefe, que pidió los correos intercambiados con el abogado de González Amador tras publicar El Mundo una información sobre esta comunicación, se los remitió a su superior y tuvo «nula participación», según su representante, en la difusión de una nota de prensa que aclaraba el caso, sin que se le informase de que se iba a publicar.
Su defensa considera «un hecho plenamente acreditado» que la fiscal jefe «no filtró, no difundió ni comunicó información alguna a la prensa o persona o institución ajena al Ministerio Fiscal» y apunta que ni Rodríguez ni el fiscal Salto -que interpuso la denuncia por fraude fiscal- sabían ni sospechaban que los correos pudieran ser objeto de filtración alguna, una filtración que no considera acreditada.
Respecto al visto bueno del texto de la Fiscalía, su defensa lo enmarca en un proceder habitual y destaca que Rodríguez «se limitó a dar su conformidad sobre un texto ya redactado, que no se identificaba como nota de prensa, y que difería de lo posteriormente publicado».
El escrito destaca un mensaje en el que Rodríguez sostiene que no deben comentar «nada del asunto» del novio de Ayuso y señala además que «no existe ningún indicio» de que se concertara «con nadie para divulgar correo electrónico alguno».
También considera su defensa que no se puede producir un delito de revelación de secretos, debido a que esas conversaciones «que nunca debieron trascender de la relación fiscal-letrado», «dejaron de ser secretas» cuando el abogado de González Amador se las hizo llegar a su cliente y este se las remitió al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «que, a su vez, lo divulgó.»
«No puede considerarse secreto lo que ya ha sido divulgado, y una vez que se ha hecho público, la protección penal contra revelaciones indebidas debe decaer», sostiene además este escrito, que tampoco considera probado que la filtración de un correo fechado a 2 de febrero de 2024 procediera de la Fiscalía General del Estado.
