Lima, 19 sep (EFE).- La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, acusó este viernes al Gobierno de Perú de estar «politizando la justicia», luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmara que el Ministerio Público se ha «alejado del ordenamiento jurídico» nacional tras haber pedido que se declare ilegal al partido fujimorista Fuerza Popular.
«Debo decir que eso sí se llama politización de la justicia», afirmó Espinoza, en un pronunciamiento que dio ante la prensa, luego de que la PCM asegurara -en un comunicado- que «la Fiscalía de la Nación (Fiscalía General) no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes».
La fiscal general consideró que en la opinión del Ejecutivo «hay un gran desconocimiento o ignorancia de que hay una Ley de Organizaciones Políticas» que, según dijo, establece que es la Fiscalía de la Nación la que puede solicitar que se declare ilegal a una organización política.
La jefe del Ministerio Público aseguró que, por ese motivo, ha presentado su petición ante el Poder Judicial, «por supuesto, con las debidas pruebas», y serán los tribunales lo que «decidirán» sobre el tema.
Espinoza añadió que la intervención del Gobierno sí «es una clara injerencia en la autonomía del Ministerio Público» y se preguntó por qué la PCM no hizo lo mismo el año pasado cuando se presentó un procedimiento similar que llevó a que se declare ilegal al partido del exmilitar ultranacionalista Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien también pretendía participar en las elecciones peruanas del próximo año.
«Pareciera que esta es una confesión tácita de los señores de la PCM que están tratando de proteger a un partido político», acotó.
La acusación del Gobierno
El Gobierno de Perú acusó este viernes a la Fiscalía de la Nación de haberse «alejado del ordenamiento jurídico» nacional, luego del pedido que hizo al Poder Judicial para que declare ilegal a Fuerza Popular y se le impida participar en las elecciones generales del próximo año.
«Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes», aseguró la PCM antes de agregar que el proceso electoral «no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política».
«La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral», añadió el comunicado del Consejo de Ministros.
El pedido de la Fiscalía contra el fujimorismo
En la víspera, Espinoza pidió al Poder Judicial que declare «la ilegalidad» del partido que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por realizar «actividades contrarias a los principios democráticos».
En ese sentido, la fiscal solicitó que se disponga la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y que se le excluya de la participación en las elecciones del próximo año.
Tras conocerse la información, Keiko Fujimori, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia de Perú, tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, aseguró que se trata de un «pedido abiertamente antidemocrático» y una «cortina de humo» lanzada por la Fiscalía.
La actual fiscal general enfrenta una posible suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por no haber dejado su cargo a la ex fiscal general Patricia Benavides, cuando el mismo organismo anuló la suspensión que se le había impuesto a esta, por las investigaciones de corrupción y tráfico de influencia que existen sobre ella.
