Lima, 2 sep (EFE).- La fiscal de la Nación (general) de Perú, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo cuando ejerció como de ministro del Interior hasta marzo pasado, informaron medios locales este martes.
Diversos medios anunciaron que dicha denuncia constitucional va dirigida al presidente del Congreso, José Jerí, para que tramite la eventual autorización del Parlamento para que Santiváñez, uno de los ministros más cercanos a la mandataria Dina Boluarte, sea investigado por la Fiscalía.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.
La denuncia de Espinoza responde a presuntas irregularidades en la contratación de personal para que mejore la apreciación sobre la gestión del entonces ministro del Interior en las redes sociales, quien fue censurado por el Congreso hace cinco meses por su supuesta incapacidad para combatir el crimen organizado.
Medios locales detallaron que, supuestamente, Santiváñez contrató de manera irregular a un policía en retiro como analista de las redes sociales del Ministerio del Interior y habría realizado funciones que no le correspondían, como difundir mensajes a favor del entonces ministro de dicha cartera.
La emisora RPP precisó que este policía obtuvo por sus servicios al menos 21.000 soles (6.000 dólares o 5.100 euros) en dos pagos realizados en 2024 por dos meses de trabajo.
Por otro lado, el último domingo, el programa periodístico Cuarto Poder difundió una serie de conversaciones, audios y testimonios sobre presuntos pagos ilegales y favores políticos que vinculan en la concesión de la mina El Dorado a Santiváñez y a Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de Dina Boluarte.
Santiváñez, uno de los ministros de mayor confianza de la presidenta, fue nombrado como ministro de Justicia y Derechos Humanos el 23 de agosto pese a haber sido censurado por el Congreso y enfrentar varias investigaciones en la Fiscalía.
Antes de entrar en el gobierno de Boluarte en marzo de 2024, ejercía como abogado y ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Además, dentro del Gobierno defiende la postura de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
