Madrid, 21 may (EFE).- La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha renunciado a que la defienda la Abogacía del Estado y ha escogido al letrado Daniel Campos, que fue durante años fiscal de la Audiencia Nacional, para que la represente a partir de ahora en la causa en la que está investigada en el Tribunal Supremo.
Como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez ha estado representada por la Abogacía del Estado desde que el alto tribunal abrió causa contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos en relación a la filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Sin embargo, recientemente, la fiscal provincial de Madrid ha comunicado al Tribunal Supremo que a partir de ahora la defenderá el abogado Daniel Campos, de Cortés Abogados.
Campos es fiscal en excedencia, que durante veinticinco años ha tenido varios destinos en el Ministerio Público, entre ellos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Anticorrupción y en Antidroga.
Este mismo miércoles, el juez instructor ha rechazado la petición de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de examinar los metadatos -sobre la fecha de creación o la autoría- presentes en el archivo que contenía la nota de prensa sobre el fraude fiscal del que está acusado, que García Ortiz reenvió a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
El magistrado apunta que no se indica la relevancia de esta diligencia de investigación para decidir si procesa o no al fiscal general o qué rumbo toma la investigación.
El mismo argumento da el juez para rechazar otras dos diligencias pedidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pretendía determinar si en la agenda del teléfono del fiscal general figura el teléfono de nueve personas, en su mayor parte periodistas, para comprobar si estaban en contacto y también pedir a la fiscal jefe inspectora tres expedientes de dación de cuenta sobre González Amador.
Esta asociación, que ejerce una de las acusaciones populares, pidió al instructor dictar el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, por presuntos delito de revelación de secretos y prevaricación administrativa, un extremo sobre el que el juez no se pronuncia en este auto.
