Brasilia, 3 jun (EFE).- La Fiscalía General de Brasil pidió este martes ante la Corte Suprema una orden de prisión preventiva contra la diputada bolsonarista Carla Zambelli, quien abandonó el país tras ser condenada a 10 años de prisión, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía, que no divulgó detalles sobre la petición por encontrarse bajo sigilo judicial, también reclamó el bloqueo de los bienes de la política y la inclusión de su nombre en la lista roja de la Interpol, según medios brasileños.
Zambelli anunció este martes que había dejado Brasil y que pretendía radicarse en algún país de Europa para denunciar la «persecución» que dice sufrir a manos del Supremo.
El diario ‘O Globo’ reportó que la diputada cruzó por tierra la frontera con Argentina y que de allí voló a EE.UU.
«Estoy fuera de Brasil hace ya unos días», pero «quiero dejar claro que no es abandonar el país ni desistir de mi lucha, sino que es resistir» y enfrentar «las amarras que esta dictadura impuso», dijo en una entrevista con el portal AuriVerde.
Zambelli, una de las voces más radicales de la ultraderecha brasileña, se dijo perseguida por lo que calificó de «dictadura judicial», que la ha condenado, según ella, sin prueba alguna.
«No robé, no violé, no maté», declaró la diputada, que hace dos semanas fue declarada culpable de encomendar una invasión al sistema informático del Poder Judicial ocurrido en el marco del proceso electoral de 2022, en el que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso al ultraderechista Jair Bolsonaro, que aspiraba a la reelección.
La acusación de la Fiscalía, que resultó en su condena, sostuvo que el ataque informático fue planificado por Zambelli en el marco una fuerte campaña que el bolsonarismo impulsó en 2022 con el fin de desacreditar el sistema de votación electrónico usado en Brasil.
Esa misma campaña tuvo la participación del propio Bolsonaro, quien por asuntos relacionados a esa difusión de falsa información fue declarado culpable de abusos de poder político y económico por la Justicia electoral, que en 2023 lo inhabilitó por ocho años.
Este martes, aunque no comentó el ataque hacker a los sistemas del Poder Judicial, Zambelli insistió en que las urnas electrónicas «no son confiables» y apuntó a que mientras sean utilizadas «no habrá democracia» en Brasil.
Zambelli, ya condenada por el ataque informático, responde ante los tribunales en otros procesos. Uno de ellos fue abierto después de que persiguió a punta de pistola a un simpatizante de Lula el día antes de las elecciones de octubre de 2022, por las calles de un barrio de São Paulo.
