Tegucigalpa, 24 may (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras allanó este sábado la residencia del general retirado Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de que el viernes fuera acusado de haber recibido dinero del narcotráfico, al parecer en 2013.
Agentes de la Fiscalía, acompañados de militares provistos con fusiles automáticos y al menos dos perros, ingresaron por la fuerza a la residencia de Vásquez en el suroeste de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Los militares ingresaron después de romper por la fuerza uno de los portones de la residencia de Vásquez, en la que había dos mujeres, al parecer sobrinas del exjefe castrense, de las que una de ellas le insistió a una fiscal que le presentara la “orden judicial en físico” para permitirles entrar.
Después de varios minutos de discusión y la advertencia de la fiscal que encabezaba la operación, de que si no abrían, siempre iban a ingresar porque tenían la autoridad para hacerlo, se produjo el allanamiento.
Otro funcionario de la Fiscalía indicó a periodistas que otras dos residencias de Vásquez en Tegucigalpa también estaban siendo allanadas, y que buscaban información ligada al requerimiento fiscal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas.
El viernes, en un comunicado, la Fiscalía indicó que había presentado “requerimiento fiscal” contra Vásquez, por delito de lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
“La acusación se sustenta en prueba pericial que consiste en un material audiovisual (video) obtenido por el Ministerio Público, en la que se observa al imputado recibiendo dinero en efectivo de un reconocido narcotraficante, quien lideró uno de los carteles más violentos del país y posteriormente fue condenado en los Estados Unidos”, añade el comunicado.
Señala, además, sin precisar el monto de dinero que habría recibido Vásquez, ni el nombre del narcotraficante, que “el video fue sometido a un riguroso análisis técnico-científico en el Laboratorio de video forense de la Dirección de Medicina Legal, donde especialistas certificados internacionalmente confirmaron su autenticidad” y que dicho “material ha sido incorporado como prueba clave en el proceso”.
Marvin Vásquez, sobrino del exjefe castrense, dijo a periodistas que el allanamiento es ilegal y reiteró que es parte de una “persecución política” emprendida por el Gobierno que preside Xiomara Castro, y su esposo, Manuel Zelaya, quien además es el principal asesor de la mandataria hondureña.
Vásquez y otros dos generales retirados fueron acusados en enero del asesinato del joven Isis Obed Murillo, cometido el 5 de julio de 2009, una semana después del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales, lo que la ley le impedía, según las autoridades de entonces.
Murillo murió de un balazo en la cabeza durante una multitudinaria manifestación de personas que condenaban el golpe de Estado y que ese día se agolparon frente al Aeropuerto Internacional de Toncontín para recibir a Zelaya, en un intento fallido por regresar a su país con la intención de ser restituido en el poder, con apoyo de la comunidad internacional.
Vásquez, prófugo desde marzo, luego de haber estado durante varios días preso después de que fue acusado por el asesinato de Murillo, ha venido difundiendo videos desde un sitio desconocido que parece ser una montaña, con mensajes contra el expresidente Zelaya y el fiscal general del Estado, Johel Zelaya.
El exjefe militar también enfrenta juicio por asesinato en su grado de ejecución de tentativa de Alex Roberto Zavala, ambos seguidores del expresidente Zelaya.
Por los mismos delitos también son acusados el exsubjefe de la institución castrense Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, ambos en prisión.
