La Fiscalía de Perú allana y registra el domicilio del hermano de la presidenta Boluarte

Lima, 27 ago (EFE).- Un equipo especial de la Fiscalía de Perú, en coordinación con la Policía, allanó en la madrugada de este miércoles el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en un operativo que incluyó otros allanamientos en el marco de una nueva investigación fiscal relacionada con un presunto favorecimiento ilícito de una empresa minera.

El allanamiento ocurrió antes de las 6:00 hora local (11:00 hora GMT) en el distrito residencial de Lima de San Borja, donde Nicanor Boluarte tiene su vivienda. Desde 2024, Boluarte también enfrenta otra investigación por presunta pertenencia a la red criminal denominada ‘Los waikis (amigos) en la sombra’, supuestamente dedicada al tráfico de influencias de cargos públicos.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, afirmó a los medios, en la puerta del domicilio del hermano de la presidenta, que esta medida «es un abuso» por parte de la Fiscalía.

«No tengo conocimiento del detalles de las imputaciones, he tomado conocimiento del caso a partir del allanamiento. Lo que ha trascendido es que este tema tiene que ver con una supuesta minera o hechos que tiene que ver con una minera», dijo Vivanco.

El abogado agregó que su defendido no tiene ningún vínculo con empresas mineras y que no conoce al recién nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Juan José Santiváñez, quien, según medios locales, también está incluido en la nueva investigación fiscal por su anterior rol como ministro del Interior, cargo del que fue censurado por el Congreso.

«(El allanamiento) es un abuso innecesario, en lugar de citarle a declarar lo que hacen es allanar», indicó el abogado.

Por su parte, el defensor público enviado al allanamiento, César Linares, señaló a los medios que Nicanor Boluarte se encuentra en su domicilio, y aseguró que ha mostrado su apoyo a la investigación y no opuso resistencia a la medida.

Además, medios locales informaron que un equipo fiscal y policial también allanó la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, departamento ubicado en el sur del país y donde se ubican las operaciones de la minera El Dorado.

Los allanamientos se realizaron luego de que el programa televisivo Panorama revelara el domingo un presunto conflicto de intereses de Juan José Santiváñez durante su gestión como ministro del Interior. Según el reportaje, se habrían realizado una serie de operativos policiales en la minera El Dorado que habrían favorecido a uno de los clientes del estudio jurídico que dirige el ahora ministro de Justicia.

Investigación paralela

El 14 de enero, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en noviembre de 2024 para Nicanor Boluarte, investigado por presuntamente liderar una red criminal que, según la Fiscalía, buscaba «perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal».

El tribunal superior declaró fundadas las apelaciones presentadas por los abogados de Boluarte, así como de otros cuatro investigados por el caso denominado ‘Los waykis en la sombra’, abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

La medida declaró «improcedente» una resolución de 36 meses de prisión preventiva dictada el pasado 19 de noviembre por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y señaló que la investigación continuará con órdenes de comparecencia simple.

Cuando tomó esa decisión, el juez consideró que Nicanor Boluarte, que estuvo desde entonces en paradero desconocido, tendría facilidad para salir del país, debido a su condición de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga arraigo laboral y domiciliario, tal como argumentó la defensa.

En esta investigación están involucrados Boluarte, Mateo Castañeda -exabogado de la mandataria—-y otras personas, quienes presuntamente habrían intervenido en la designación de prefectos y subprefectos, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones del país.