Lima, 2 sep (EFE).- La fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Delia Espinoza, denunció este martes una reducción millonaria del presupuesto para el Ministerio Público por parte del Gobierno para 2025 y también para 2026, lo que según sus palabras, peligra el número de operaciones que pueden realizar para combatir el crimen.
A través de un vídeo compartido en las redes sociales del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos hizo un pronunciamiento en el que denunciaron la «grave situación presupuestal» a la que se enfrenta la institución.
«En el año 2025 se nos recortó poco más de 123 millones de soles (34 millones de dólares o 30 millones de euros) y para 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles (41 millones de dólares). El año pasado logramos una ejecución presupuestal del 97,5 % y a la fecha se cuenta con un ejecución presupuestal del casi 60 %», afirmó Espinoza.
Aseguró que hasta la presente fecha, el Ministerio Público tiene un déficit de por lo menos 81 millones de soles (23 millones de dólares), un hecho que «afectará sin lugar a dudas todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales».
Espinoza expuso que esta falta de presupuesto implica que acciones indispensables como los peritajes y desplazamientos para combatir la minería ilegal, los operativos para luchar contra la criminalidad, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas se tendrán que reducir, o en algunos casos no podrán realizarse.
Agregó que también están en riesgo las acciones contra la trata de personas, los delitos contra el medio ambiente, el comercio ilegal de animales, la violencia contra la mujer y los fraudes cibernéticos, entre otros.
«Desde la Fiscalía se han realizado todas las acciones y solicitudes a través de los canales correspondientes, y desde el Poder Ejecutivo se hizo una promesa pública de asignarnos mayores recursos, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha», sostuvo la fiscal general.
La Junta de Fiscales Supremos solicitó que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte les asigne los recursos necesarios para cumplir con la ley homologación de los fiscales de todos los niveles.
«La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia, queremos que se nos otorguen recursos para poder combatir juntos como instituciones la criminalidad que sufren y viven miles de personas. Nuestro compromiso por un país justo y con menos delincuencia es firme y se mantiene», concluyó Espinoza.
El Gobierno presentó la pasada semana el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026 por 257.562 millones de soles (73.000 millones de dólares o 62.400 millones de euros), con reducciones en partidas para educación (-1,75 %) y sanidad (-1,86 %).
El Ministerio Público y el Gobierno peruano han intercambiado en los últimos meses duras críticas. La última polémica fue cuando la semana pasada Boluarte afirmó que no tiene miedo a la Fiscalía y que parte de esta institución pretende desestabilizar su gobierno, después de que un equipo fiscal anticorrupción allanara el domicilio de uno de sus hermanos, Nicanor Boluarte, en el marco de una nueva investigación de corrupción en su contra.
