Barcelona, 3 abr (EFE).- La Fiscalía de Barcelona ha abierto por primera vez en España una investigación penal por las torturas de la policía franquista, a raíz de la denuncia presentada por Blanca Serra, una activista de la izquierda independentista que fue detenida en 1977 en la comisaría de Via Laietana de Barcelona.
Según ha informado en una nota de prensa, la Fiscalía ha abierto esa pionera investigación en virtud de la nueva ley de memoria democrática de 2022, que insta a llevar a cabo diligencias que permitan satisfacer “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Las diligencias penales de la Fiscalía se abren después de que dos juzgados de Barcelona, con el aval de la Audiencia, rechazaran investigar sendas querellas por torturas -presentadas por el sindicalista Carles Vallejo y los antifranquistas hermanos Ferrándiz-, argumentando que así lo impide la ley de amnistía de 1977 y que, además, ese delito ha prescrito.
Tras esos archivos, Blanca Serra presentó directamente ante el ministerio público una denuncia en la que mantenía que había sido torturada junto a su hermana Eva, ya fallecida, las cuatro ocasiones en que fue detenida durante la Transición: en febrero de 1977 -antes de las primeras elecciones generales y la aprobación de la ley de amnistía- y en 1980, 1981 y 1982, ya en democracia.
“Graves violaciones de los derechos humanos”
En ambas querellas archivadas por la justicia, la Fiscalía defendió que las torturas del franquismo debían ser investigadas en base a la nueva ley de memoria, aunque su objetivo último no fuera la “persecución penal” de los autores, sino “garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso”.
De hecho, en una de sus resoluciones la Audiencia de Barcelona instaba a la Fiscalía a investigar las torturas de la policía franquista en la Via Laietana de Barcelona pero fuera de la vía penal, a través de un proceso de “establecimiento de la verdad”.
En el decreto en el que acuerda abrir diligencias, la Fiscalía de Barcelona -en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado-, sostiene que la nueva ley obliga a “realizar una investigación efectiva” para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantía de no repetición”.
Unos principios que, en opinión de la Fiscalía, constituyen “pilares del derecho internacional de los derechos humanos” y se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución.
El decreto concluye que en este caso concurren los requisitos “objetivos, temporales y contextuales” para aplicar la ley de memoria: que los hechos denunciados constituyan “graves violaciones” de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario y que ocurrieran con ocasión del golpe de Estado de 1936, la guerra y la dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución, en 1978.
También cumple, según el ministerio público, otro de los requisitos establecidos en la ley: que los hechos fueran perpetrados “en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos”.
Torturas y tratos vejatorios
En su denuncia, Blanca Serra (Barcelona, 1943) mantiene que sufrió tratos vejatorios y torturas en las dependencias policiales de Via Laietana y en la Dirección General de Seguridad (DGS), en Madrid, junto a su hermana Eva, con la que compartía militancia en la izquierda independentista catalana.
Las dos hermanas, que estaban fichadas ya en septiembre de 1975, fueron detenidas por primera vez por asociación ilegal, otras dos en la aplicación de la ley antiterrorista y en el último caso, en 1982, por “ultraje a la unidad de España”, según la denuncia.
