Madrid, 22 sep (EFE).- La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos, al sostener que no se le puede atribuir «ninguna intervención» en la filtración de información sobre el caso de fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de la misma postura que la número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, ha defendido desde el inicio del procedimiento y que ahora plasma en su escrito de conclusiones provisionales, en el que insiste en que los hechos «no son constitutivos de delito alguno».
Pide por ello al alto tribunal la «libre absolución» de Álvaro García Ortiz, para quien las acusaciones populares y particular solicitan entre 4 y 6 años de cárcel por la filtración a la prensa de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, admitía en su nombre dos delitos fiscales para alcanzar un pacto con Fiscalía.
González Amador y Miguel Ángel Rodríguez de testigos
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la fiscal plantea la citación de una veintena de testigos, encabezados por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien a su vez está procesado en un juzgado de por fraude a Hacienda e investigado por presunta corrupción en los negocios.
Reclama también la testifical de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso; y Carlos Neira, el abogado de González Amador que envió ese correo «de común acuerdo» con su cliente en el que admitía la comisión de fraude a Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal en busca de una rebaja en su petición de condena.
Pide que declaren la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal Julián Salto, con quien la defensa de González Amador trató de llegar a un pacto; y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo meses investigada hasta que la Sala de Apelación archivó la causa contra ella.
Periodistas de diferentes medios -algunos de los cuales han defendido que supieron del pacto antes que el fiscal general-, y dos agentes de la Guardia Civil completan la lista de testigos solicitados por la Fiscalía.
Ni intervención del fiscal general ni delito
En su escrito, la Fiscalía subraya que «ninguna intervención puede atribuirse» a García Ortiz en la divulgación de los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, y además señala que la información contenida en los mismos ya era conocida por otras personas antes que el fiscal general.
Al relatar lo ocurrido, expone que el 13 de marzo de 2024, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso «transmitió a múltiples periodistas» que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador y que a su vez «había recibido órdenes ‘de arriba’ para impedir» que se materializase.
Varios medios recogieron esa noticia y, en concreto, el diario El Mundo afirmaba «haber tenido acceso al correo electrónico y a la propuesta del fiscal del asunto», precisa la fiscal.
Tras estas publicaciones, que atribuían a la Fiscalía un comportamiento «que carecería de sustento legal y que le ocasionaba un evidente perjuicio», la fiscal superior de Madrid contactó con el fiscal general y este solicitó que se le informase de las actuaciones emprendidas, lo que «permitió constatar» que el ministerio público no había ofrecido ningún pacto.
Ya al día siguiente, prosigue la Fiscalía, y «a instancias» de García Ortiz, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ofreció un comunicado con «hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos» sobre los hechos.
