Madrid, 31 mar (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Supremo que investigue al eurodiputado Luis, Alvise, Pérez por un posible delito de financiación ilegal por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral, y reclama todas sus cuentas bancarias y las de su partido durante 2024.
El Ministerio Público ha remitido un informe al alto tribunal, al que ha tenido acceso EFE, en el que solicita que acepte la exposición razonada que le envió hace unos meses un juez de la Audiencia Nacional, dada la condición de aforado del líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), y abra una investigación contra él por sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral.
“Compartimos, con el titular del Juzgado Central de Instrucción, que los hechos deben ser calificados, con la provisionalidad propia de esta fase de tramitación del procedimiento penal, como constitutivos de sendos delitos”, explica el fiscal en un escrito.
También solicita que “por conexión”, el Supremo asuma la investigación contra el empresario Álvaro Romillo como cooperador necesario de los referidos delitos, ya que su conducta es “inescindible” de la de investigación contra Alvise.
Este empresario, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.
Además, la Fiscalía interesa una serie de diligencias, como recabar del eurodiputado los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de la documentación e información económica de SALF, entre otros, libros de tesorería, inventarios y balances, cuentas de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del tribunal de cuentas.
Igualmente pide un “examen de las cuentas corrientes bancarias” de Alvise y de su agrupación electoral durante 2024 y que se dicten las órdenes oportunas para la investigación del tráfico de los wallets (cartera virtual) creadas por ambos en las que se realizaron las aportaciones anónimas para financiar la campaña del SALF.
En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo, y pide también al Supremo que investigue al empresario y a Alvise de forma conjunta, al apreciar una “íntima conexión” en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”.
La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado solicitó la colaboración de Romillo para crear una ‘wallet’ con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público, que estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de SALF.
